La provincia catalana que más diputados aporta al Congreso es Barcelona. En las otras tres se puede ganar simbólicamente, pero lo que verdaderamente suma es vencer en la zona más poblada. Durante años, Barcelona y su área metropolitana fueron un bastión rojo que se repartían los socialistas y los ex comunistas de ICV. Ahora, las cosas han cambiado por el peso del voto emocional nacionalista, pero la tendencia hacia la izquierda de una parte de ese electorado lo hace reticente a votar a los que iniciaron la política de recortes y se quedaron el 3%. Algunos han acabado buscando refugio moral (es un decir) en Esquerra Republicana, algo que puede volver a ocurrir el 10 de noviembre, de ahí que Carles Puigdemont haya iniciado ya una batalla de desgaste contra su rival más directo: Oriol Junqueras, que pretende encabezar la lista barcelonesa.

 

A Puigdemont le incomodan los presos. Son la evidencia de que dejó en la estacada a un montón de gente. Los embarcó (y embaucó) en un proyecto loco y luego se largó mientras otros daban con sus huesos en la cárcel. Si en la lista opuesta a Junqueras fuera él, podría volver a utilizar la carta (no por falsa menos aceptada por algunos votantes) del “presidente legítimo, injustamente despojado”. Descartada esta posibilidad, la opción a jugar por sus partidarios va a ser la descalificación de los presos. No es una tarea fácil, pero ya se han puesto a ello.

La primera en verbalizar la propuesta ha sido Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso y, en realidad, representante de Puigdemont al sur de los Pirineos. Por encima de Quim Torra, que ha conseguido que nadie le tenga el más mínimo respeto. Ni siquiera los suyos. De ahí su huida hacia adelante en busca de medallas. Para él, lo mejor sería ser inhabilitado antes de las elecciones del 10 de noviembre, aunque de momento los jueces le han desmontado el tinglado al aplazar el juicio más allá de esa fecha. Visto eso, se ha lanzado a nuevas desobediencias a ver si lo hacen mártir, al menos por un día. Después de todo, el victimismo pujolista se pirra por el martirio (eso sí, bien pagado).

Mientras se buscan nuevos sufridores por la patria, Borràs, siguiendo las directrices de Puigdemont, se ha lanzado a pedir que los presos no figuren en las listas. El argumento formal es que podrían ser inhabilitados; el real, es que para parte de la población ellos representan los arrestos que Puigdemont no tuvo cuando salió por piernas oculto en el maletero de un coche.

La estrategia de Borràs está siendo convenientemente secundada por manos anónimas que han impreso y distribuido unos panfletos bastante caros (son a todo color y de papel nada barato) en los que se sugiere que los presos son, de hecho, unos traidores encubiertos que se rindieron ante el Estado opresor permitiéndole condenarles y reconociendo así su poder real. Muchos de esos folletos volaron por los aires en la manifestación del 11 de septiembre. No llevan pie de imprenta y no se puede saber si fueron impresos en Bélgica o en los talleres de algún simpatizante del fugado.

Se trata, obviamente, de un golpe bajo. Pero no es el primero que asesta Puigdemont a sus propios partidarios. Después de todo, el día antes de poner pies en polvorosa había dado la consigna de quedarse y no reconocer el poder del Estado. Algunos de los que lo hicieron están hoy en prisión y se arriesgan a pasar tiempo en ella. Un sufrimiento que a él no le importa en lo más mínimo. Fueron sus mártires mientras le convino. Ahora lo que conviene es desprestigiarlos, pero como, después de todo, es evidente que la cárcel no es un premio, hay que criticarlos a escondidas, cobardemente.

Ditalco, Audax y Minura eran tres dirigentes lusitanos que, según la leyenda, entregaron a Viriato. Cuando fueron a cobrar la recompensa se encontraron con una respuesta: Roma no paga traidores. La respuesta de Puigdemont es que él no paga ni a los fieles.