Técnicamente, Ada Colau no cometió infracción legal alguna cuando fue a pasar unos días a la Garrotxa coincidiendo con la fiesta de Reyes. En aquella fecha estaba prohibido viajar a otra comarca salvo que se dispusiera de segunda residencia o se hubiera contratado un alojamiento, fuera un hotel o de otro tipo. Pero los cargos electos no responden sólo por cuestiones de estricta legalidad, está también la responsabilidad política. Y la moral, aunque éste sea un campo casi en desuso. Y ahí, en lo político, sí que cabe exigirle explicaciones a por qué hizo exactamente lo contrario de lo que ella misma pedía al conjunto de la población. Explicaciones que no ha dado ni, se diría, piensa dar, aunque es posible que en el pleno le saquen los colores. Como tantos otros políticos, se sitúa por encima de la norma que rige para el común de los mortales. Y eso es un asunto grave en alguien que se postula de izquierdas, es decir, defensora de la igualdad.

Se puede hacer una lista de políticos conocidos que se sitúan más allá del bien y del mal, sin necesidad de llegar a fenómenos de feria como Trump, Putin o Bolsonaro.

Joaquim Torra creía que tenía derecho a utilizar los edificios públicos como le diera la gana; como si fueran suyos. El rey emérito estaba convencido de que podía ir a cazar elefantes, cargar los gastos de su amante a Patrimonio Nacional o tener cuentas en el extranjero. Jordi Pujol nunca dudó de que su posición servía de paraguas para los negocios de su familia. Dominic Cummings, asesor de Boris Johnson, viajó a ver a sus padres en pleno confinamiento porque ocupaba el cargo que ocupaba y no era un simple pringado, que es para quienes se hacen las normas. El lunes mismo, Pablo Casado se plantó en Barcelona para dar una charla que podía haber soltado por vía telemática (incluso no haberla dado) sin mayores consecuencias. Y no sólo el lunes de esta semana, hace unos días ya había viajado a Gimenells (Lleida) para visitar explotaciones agrarias, además acompañado por un dirigente de su partido que vive en Tarragona. Ni siquiera les llevó abono.

Si las autoridades se pasan el día recomendando a la gente que se quede en casa, ¿a qué vienen tantas idas y venidas? ¿Cómo es posible que tantos dirigentes crean que hay una norma para la gente común y otra diferente para ellos?

En el caso de la alcaldesa, el asunto es especialmente hiriente porque los barceloneses se hallan confinados sin poder salir de la ciudad y condenados a coincidir los fines de semana en los pocos espacios libres que hay en Barcelona y que, claro, se ven abarrotados.

Algún día habrá que abordar la división territorial de Cataluña. El Parlament elaboró hace ya dos décadas una propuesta conocida como Informe Roca porque Miquel Roca estaba al frente de la comisión que la redactó, en la que se sugerían diversos cambios, entre ellos, la reducción drástica de municipios. No salió adelante porque Cataluña (como España) se halla cómoda siendo un reino de taifas. Se crean organismos supramunicipales pero sólo para multiplicar los cargos a repartir, de ahí que nadie quisiera dejar de ser alcalde, aunque lo fuera de una localidad con menos de medio centenar de habitantes, inviable desde cualquier perspectiva. El resultado es muy disfuncional para los ciudadanos. Ya ni siquiera las redes de transporte público respetan la división municipal, pero sigue habiendo municipios. De ahí que un gobierno tan arcaizante como el desgobierno actual de Cataluña acabe haciendo normas absurdas y decretando el confinamiento municipal, con el resultado de que mucha gente no las respete. Y es que los políticos se han convertido en una especie de cuñados que hacen recomendaciones. Pero lo que sí es exigible es que, como poco, respeten ellos sus propios consejos. Si no hay que viajar, Ada Colau no debe ir a la Garrotxa y Pablo Casado debe permanecer en Madrid, aunque sea duro soportar a Díaz Ayuso.