En estos últimos días, hemos asistido a diferentes movilizaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao entre otras, donde miles de pensionistas manifestaban su cada vez más intensa preocupación por sus pensiones. Éste no es un hecho nuevo, pero el tiempo va castigando cada día más a este colectivo, tan injustamente tratado, y por el que siento verdadera tristeza al ver situaciones de verdadera precariedad y, en general, cada vez más negativas.

Hace aproximadamente cinco años, escribí unas reflexiones que versaban sobre, precisamente, el “problemón” estructural del tema de las pensiones. Lo primero que tenemos que decir es que el sistema actual, tal y como se ha conocido hasta la fecha, tiende a su desaparición. Es del todo insostenible, desde un punto de vista económico, soportar un gasto tan descomunal como el que se genera mensualmente en la caja única de la Seguridad Social. En mi opinión, no se va a dar ninguna solución satisfactoria a los intereses de los pensionistas, más bien al contrario; periódicamente irán perdiendo poder adquisitivo hasta que la situación sea socialmente insostenible y será en ese momento cuando se deberá producir un nuevo pacto social entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales que reformule por completo las prestaciones por jubilación y las de otra naturaleza.

Éste no es un artículo que pretenda asustar a nadie sino más bien ofrecer soluciones claras y no mágicas; una receta basada en la obviedad más elemental que toma como herramienta principal la medicina preventiva o el derecho anticipado que como dice el aforismo popular “más vale prevenir que curar”.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la Administración del Estado debe hacer frente, aproximadamente, a más de 9 millones de pensionistas, 4 millones de desempleados, 2.5 millones de funcionarios y unos 2 millones de prestaciones entre pensiones de viudedad, orfandad y todas aquellas relacionadas con la pobreza de nuestra sociedad, es decir, casi 18 millones de personas que obtienen sus ingresos de manera directa de las rentas del Estado.  Si este dato lo contrarrestamos con los 18,5 millones de afiliados a la Seguridad Social (excluyendo a los autónomos por su autofinanciación) la conclusión a la que llegamos es absolutamente aterradora: los números no cuadran ni van a cuadrar.

De todo ello, solo podemos extraer tres conclusiones: en primer lugar, el colectivo más vulnerable de la sociedad dejarán de ser los niños para pasar a ser los mayores de 75 años. No existirá ningún colectivo más desprotegido y expuesto a la pobreza. Deberán crearse grandes estructuras de ayuda y asistencia para proteger y garantizar una mínima calidad de vida a todos estos millones de ciudadanos que en su día “curraron como jabatos”, cotizaron hasta el último euro de sus nóminas y ahora ven como el Estado no podrá hacer frente a un mantenimiento sostenido y actualizado de la prestación. En segundo lugar, los nacidos entre los años 70 y 80 les aconsejo que, con carácter inmediato, procedan a suscribir un seguro de jubilación o pensiones privado que les permita complementar la prestación pública que en su día les corresponda. No lo demoren, en la medida que puedan suscribirlo, háganlo porque el tema de las pensiones no ha hecho más que empezar y el drama principal aún está por llegar. En tercer lugar, la edad de jubilación que, a corto plazo, se establecerá en los 70 años pasará a medio plazo a fijarse en los 75 años. Las personas tendemos a vivir 100 años.

¿Cómo hemos llegado a esto? La respuesta es evidente: por una falta de previsión y una ausencia de voluntad de abordar un problema tan sensible que, a la postre, ningún partido político ha querido asumir por el terrible desgaste electoral que ello implica, pero como siempre, al final, la realidad se ha impuesto. Si a eso le añadimos un fraude fiscal del 20%, un paro estructural del 20%, miles y miles de personas que se han jubilado con más/ menos 50 años y un abuso generalizado de la Seguridad Social, así como del sistema sanitario español, más allá de la corrupción y el “ladrocinio” generalizado absolutamente impresentable en cualquier sociedad avanzada, solo podía dibujarse un escenario como el que tenemos, es decir, al borde del abismo y de la catástrofe social.

Resulta evidente que la angustia y la ansiedad van a ser dos parámetros que van a convivir en este colectivo y ello conllevará muchos dramas personales, por lo que se hace imprescindible dimensionar el campo de la solidaridad y la ayuda. Puedo asegurarles que las ONG’s y las entidades de beneficiencia no van a dar abasto por el drama que se les avecina. Ellos lo saben.

No les quepa duda que la única manera de minimizar los catastróficos efectos de esta sangría es poner a este país a pleno rendimiento económico. No podemos permitirnos tener a gente parada. Debe existir un plus de compromiso social por parte de todos. Empezando por los partidos políticos, los gobernantes y los agentes sociales. Es una máxima que los ciudadanos son ajenos a esta responsabilidad por lo que el gobierno deberá crear puestos de trabajo de manera masiva, fomentar una política de recuperación de los miles de jóvenes que se han ido a buscar su futuro fuera de nuestras fronteras, intensificar una política de natalidad que permita a las familias compatibilizar mejor su vida laboral con la familiar, y en definitiva, que nuestra sociedad sea más consciente del concepto de lo público que, sin lugar a dudas, se ha abusado manifiestamente de él.

Sólo potenciando la conciencia social de manera unitaria y generalizada podremos lidiar este escenario. Esto no va de ideologías ni de etiquetas, esto es realismo en vena mezclado con sumas y restas, por lo que, dejen de lado los intereses partidistas y céntrense en el interés general.