Se puede estar a favor y en contra de los peajes. En el primer caso, cabe defender que los gestione una empresa pública o que los beneficios vayan a bolsillos privados. Lo que no tiene sentido es estar a la vez a favor y en contra, que es lo que pasa en Cataluña. En mayo de 2012 se vivieron en las autopistas catalanas diversas actuaciones bajo el lema No vull pagar (No quiero pagar). Detrás de la campaña y apoyándola estaban tanto Convergència como Esquerra Republicana. Se trataba de denunciar la supuesta injusticia que sufrían los catalanes, todos, por tener que pagar en las autopistas, cosa que en otras partes de España no ocurría. La solución propuesta era la supresión de todos los peajes.

Las autopistas que hay en Cataluña son concesiones: unas del Gobierno central y otras del Gobierno autonómico. Éste hubiera podido predicar con el ejemplo y suprimir los pagos en la Terrassa-Manresa, en el túnel del Cadí, en la autopista del Garraf. Sobre todo al llegar Quim Torra a la presidencia de la Generalitat. Viene Torra a cuento porque fue uno de los que se saltó un peaje, grabó la proeza y la colgó en las redes como ejemplo inmortal. Hoy Torra defiende mantener y universalizar los peajes, imponiendo una viñeta. Paralelamente, ERC y los herederos de Convergència y su 3% acaban de sugerir desde el Área Metropolitana de Barcelona que se mantengan los peajes que hay en el entorno más cercano a la ciudad, eso sí, gestionados por una empresa pública en vez de prorrogar las concesiones a Abertis.

La viñeta ya se utiliza en algunos países. El usuario del vehículo paga una tasa que puede ser anual (Suiza) o por fracciones de días, semanas o meses (Austria, Eslovenia, República Checa) y no se puede circular sin la pegatina que acredita el pago. Tiene un inconveniente: paga igual quien recorre 100 kilómetros que quien recorre 100.000. En este sentido, el peaje actual (al margen de quien lo gestione) es más justo: se paga por el uso de la vía y no se paga si no se utiliza.

Pero la discusión de fondo es si hay que mantener los peajes. Si se suprimen, el coste del mantenimiento (y de nuevas vías) tiene que ser asumido por el Estado y lo pagan todos, incluidos los que no tienen coche.

Hace años hubo un movimiento social potente en Cataluña que proponía revisar de forma general la situación de los peajes. Lo encabezaba el malogrado Jordi Carillo y llegó a tener peso, entre otros motivos por la seriedad de los análisis. Carrillo estableció que hasta aquel momento (primeros meses de 2000), los catalanes habían pagado ya un billón de las antiguas pesetas y los ingresos previsibles de las empresas hasta el fin de la concesión sumaban otros cuatro billones (siempre en pesetas).También pudo calcular el coste que supondría para las administraciones adquirir todas las autopistas catalanas y liberarlas: medio billón de pesetas. El negocio parecía redondo, pero los administradores declinaron hacerlo. Era entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien acudió a unas jornadas organizadas por el movimiento antipeaje. Hubiera podido hacer populismo barato y decir que no tenía el medio billón y, por lo tanto, no podía acometer el rescate. No lo hizo. Al contrario, sostuvo que si lo tuviera lo dedicaría a otros asuntos más urgentes, entre ellos el transporte público.

Se podrá pensar que Pujol estaba a favor de los peajes porque era defensor de la empresa privada y, también, porque las concesionarias colocaron a varios ex consejeros (Prenafeta, Alavedra, Basàñez, Francesc Homs). Pero el caso es que hubiera podido decir lo que la sala quería oír y no lo hizo. Sus sucesores, en cambio, han dicho siempre lo que han creído que el auditorio quería escuchar. Han criticado los peajes, pero los han mantenido y los mantienen. Y además, defienden el método de la viñeta, que ni siquiera es moderno. Puestos a mantener el pago por el uso del coche privado, un chip en cada vehículo permitiría saber cuántos kilómetros recorre y hacer que su dueño pagase en consecuencia y que no tuviera que pagar quien no tuviera coche o no circulara con él. Es una técnica ya probada, no hay que inventar.

Lo de mantener el peaje en las entradas a Barcelona (Mollet, Vallvidrera, Maresme) y asociarlo a la congestión y la contaminación es una broma. Se diría que, puesto que en el Área Metropolitana es donde menos votos cosechan los independentistas, se trata de castigar a sus residentes con cuantas más tasas mejor. Pujol ya lo hizo reduciendo al mínimo las inversiones en el Metro mientras cuidaba Ferrocarrils de la Generalitat y luego decía que funcionaba mejor. Y es que cuando los independentistas realizan un nuevo movimiento, la consecuencia acostumbra a ser que paga Barcelona (y su Área Metropolitana). La base de Tabarnia.