No son tiempos fáciles para quienes nos gobiernan. La crisis económica y de emergencia social, además de la sanitaria, obligan a adoptar decisiones en formas de leyes, decretos, ordenanzas, bandos y recomendaciones desde las administraciones y hacia la ciudadanía para encarar y superar la tragedia del Covid-19.
Nos estamos jugando la vida y es más necesario que nunca que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias, empezando por quienes nos gobiernan. No es tiempo de disputas de baja política y de declaraciones altisonantes sobre la independencia o el capitalismo. La situación requiere rigor, sensatez, coherencia, colaboración institucional y que todos arrimen el hombro sin cálculos electoralistas. La ciudadanía está poniendo de su parte y lo mínimo que se merece es que sus gobernantes tengan la salud, la recuperación económica y de empleo, y la cohesión social como prioridad absoluta y no dilapidar el ingente esfuerzo y los innumerables sacrificios hechos durante el estado de alarma.
Es imprescindible que las órdenes y las recomendaciones de cara a una segunda oleada del coronavirus sean claras, concretas y concisas, y no vengan acompañadas con polémicas y controversias sobre competencias administrativas y actos de desacato judicial. La responsabilidad y contención de los gobernantes es más necesaria que nunca y debemos confinar la política basura.
La ejemplaridad es una exigencia democrática a sumar al obligado cumplimiento de las normas. Aquí es donde recuerdo a aquella Ada Colau que en el inicio de su mandato como alcaldesa acuñó la frase de que “sólo obedecería las leyes que le pareciesen justas” y a Quim Torra, cuyo relato político se basa en la desobediencia al ordenamiento jurídico y resoluciones judiciales. Ambos, Torra y Colau, deben ahora dictar normas de cumplimiento obligado aunque no siempre sean entendidas ni compartidas por sus destinatarios.
¿Qué sucedería si adoptáramos la misma actitud desobediente, cuando no desafiante, de Quim Torra y Ada Colau? El comerciante o restaurador que no restringe su apertura al público o aforo, el vecino que opta por seguir saliendo de casa, y quien decide no portar mascarilla serán, y así ha de ser, sancionados. Obviamente su discrepancia con la norma no le exime de su cumplimiento y por eso mismo tiene derecho a reclamar que quienes gobiernan la Generalitat y el Ayuntamiento hagan lo propio. Ni nadie puede estar por encima de la ley, ni la ley puede ser sólo exigida al ciudadano de a pie, ni existe derecho alguno que avale que un gobernante la infrinja si no le gusta.
No deja de resultar paradójico escuchar como reclaman cumplir las normas quienes no predican con el ejemplo. Las normas se acatan, se cumplen y hacen cumplir, por convicción, responsabilidad y respeto al estado de derecho y a las reglas de convivencia, sin perjuicio de que haya más de uno se pregunte por qué hay que obedecer a los desobedientes.