El pasado viernes se celebró la reunión de la Junta Local de Seguridad de Barcelona. La iniciativa era de la alcaldesa, Ada Colau, ante el progresivo deterioro de la convivencia en la ciudad, debido al auge de la delincuencia. El responsable de los Mossos, el consejero del Interior Miquel Buch, aseguró que habrá más agentes a partir de septiembre. Es decir, cuando baje el número de turistas y sean menos necesarios. Es la imaginativa forma de solucionar las cosas del Ejecutivo autonómico que se rige por una norma clara: “No hemos hecho nada pero lo volveremos a hacer”. Con todo, lo más relevante no fue la falta de eficacia, tan repetida, sino la ausencia de la fiscalía en el encuentro. La fiscal jefe, Concepción Talón, decidió ausentarse, incómoda por la presencia de un lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, lazo que sugiere que en España hay presos políticos. La alcaldesa se apresuró a decir que era así porque ella creía que sí hay ese tipo de presos.
La creencias de la señora alcaldesa son, mientras no se demuestre lo contrario, un asunto privado. Seguro que pondría el grito en el cielo si un alcalde plantara una cruz en la fachada de un consistorio aduciendo que creía firmemente en el Dios de los cristianos, una creencia que, diría, pertenece al ámbito privado. Ada Colau, en cuanto que ciudadana, puede creer lo que le apetezca: en la existencia de presos políticos o la resurrección de Lázaro o en la posibilidad de andar sobre las aguas. Y puede poner el lazo donde le plazca de su casa y lucirlo en la intimidad, faltaría más, pero como alcaldesa debería buscar representar a todos los ciudadanos, incluidos los que no creen que en España haya presos políticos. Y, en consonancia, no inclinar los edificios institucionales en un determinado sentido.
Pero hay cosas peores en la lazitosis municipal. La presencia del lazo en los edificios públicos vulnera claramente las normas del propio ayuntamiento barcelonés. Unas normas que, si quisiera, Colau podría cambiar. Es el caso de la “Ordenanza municipal de los usos del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona”, aprobada en marzo de 1999 y que ha tenido luego algunas modificaciones parciales.
Esa ordenanza establece taxativamente la prohibición de mancillar los edificios catalogados, como lo es el del Ayuntamiento de Barcelona (y también el de enfrente, ocupado por Joaquim Torra y también con lazitosis). Más aún, deja claro que son normas de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, incluidas las administraciones públicas.
Cuando el novísimo alcalde de Madrid decidió que las pautas aprobadas por el anterior consistorio eran papel mojado y que el derecho de un conductor era más importante que el de un ciudadano que pretendiera respirar aire no contaminado en el Madrid central, los jueces le recordaron que las normas hay que cumplirlas o cambiarlas. La izquierda aplaudió las decisiones judiciales y puso a caldo al edil. No puede ser que sólo se aplaudan cuando obligan a partidos rivales. Si las normas obligan a los gobiernos del PP, obligan también a los comunes de Ada Colau. Salvo que su religión la haya convencido de que ella y sólo ella tiene bula.
El Ayuntamiento es de todos, incluidos los que no comulgan con las creencias que suponen los lazos amarillos ni tampoco con las que afirman que el mundo se creó hace poco más de 4.000 años y la evolución es un camelo. De modo que en los edificios públicos, ni cruces ni lazos ni imágenes de la Virgen de Lourdes o de la Moreneta. Eso, debe quedar para los espacios privados.