La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo que valida la constitución de la sociedad de capital mixto que gestiona el servicio integral del agua en diversos municipios del Área Metropolitana de Barcelona, ha cerrado un largo litigio, pero puede haber abierto otro: Ada Colau sostiene que aquella sentencia judicial estuvo mediatizada por la empresa Agbar, socia mayoritaria de la empresa gestora.

La alcaldesa, que es la gran derrotada en este pleito, ha atacado con dureza la sentencia y, lo peor, ha puesto públicamente en tela de juicio la independencia judicial. Ada Colau ha llegado a insinuar que Agbar influyó en la sentencia y ha denunciado “una especie de feudalismo judicial” que favorece, según ella, a los grandes poderes económicos. Ni más, ni menos.

En el último pleno municipal, celebrado el pasado viernes día 29, solicité a la alcaldesa que respetara las decisiones de la Justicia y que se retractara de las declaraciones en las que había atacado directamente al corazón de nuestro sistema democrático.

Pero en lugar de hacerlo, la alcaldesa se reafirmó vehementemente en sus declaraciones y, desafiante, movida por el orgullo herido, proclamó que volvería a acusar al sistema judicial las veces que hiciera falta. No es normal que un alto representante institucional insinúe de forma reiterada la corrupción del sistema judicial, y es muy grave que lo haga en un hemiciclo. 

La alcaldesa ha cometido un grave error al realizar aquellas graves insinuaciones y, al reiterarlas y amenazar con volver a hacerlo, está mostrando su cara oculta, la intolerancia. Ada Colau es, además, la presidenta del Área Metropolitana de Barcelona, y debe defender por lo tanto los intereses de los municipios que la integran. La alcaldesa debe garantizar la estabilidad financiera y jurídica de todos nosotros.

Los líderes políticos tienen evidentemente la posibilidad de plantear mejoras en el sistema de gobierno, pero hay una gran diferencia entre mejorarlo y destruirlo. Es imposible gestionar una ciudad como Barcelona desde posturas intransigentes y falsamente democráticas como la demostrada por la alcaldesa tras conocerse la sentencia del agua.

Este país vive en un momento difícil. A muchos niveles. El común denominador es la crisis de los valores democráticos. Es obligación de los líderes políticos transmitir confianza a los ciudadanos. Acusar al Tribunal Supremo de estar comprado por los grandes poderes económicos va en sentido contrario a la defensa del Estado de Derecho.

Barcelona pel Canvi dio su voto a Ada Colau para que alcanzara por segunda vez la alcaldía de Barcelona. Lo hicimos para evitar que la ciudad cayera en manos del independentismo más demagógico y peligroso, el que lidera Ernest Maragall.

No nos arrepentimos de aquella decisión, por la que no pedimos nada a cambio. El hecho de haberle permitido conservar la alcaldía en aquellas históricas circunstancias no nos ha impedido ejercer como oposición desde el primer momento, con sentido de la responsabilidad y la máxima lealtad institucional. El balance, ahora que pronto se cumplirán los primeros seis meses del mandato, es francamente pobre. Barcelona sigue necesitando un cambio, proyecto de futuro y buena gestión. No populismo. Barcelona necesita seguridad, vivienda, crecimiento y empleo. No demagogia.