Muertes violentas. Agresiones sexuales. Robos. Peleas en el metro y en la calle... El verano de 2019 siempre será recordado por sus elevados índices de criminalidad en Barcelona y el fracaso de la respuesta política, policial y judicial.
El nuevo curso político, tres meses y medio después de las elecciones municipales, comienza muy caldeado en Barcelona. La inseguridad se enquista de mala manera y su primera representante, la alcaldesa Ada Colau, asegura que el problema es puntual y está focalizado en pocos puntos de la ciudad. Su visión, idílica y pueril, es rechazada unánimemente por la oposición y preocupa a su socio de gobierno, el PSC.
Albert Batlle, el teniente de alcalde de Seguridad, tiene claro el diagnóstico, incómodo para los comunes. Las primeras medidas de Batlle contra el top manta fueron tan efectivas, y aplaudidas por comerciantes y restauradores, como poco gratificantes para los comunes. La gestión de la seguridad no será sencilla en un gobierno con distintas sensibilidades y egos muy confrontados.
El problema de la seguridad requiere un amplio pacto de ciudad. Colau, sin embargo, no está por la labor. Electoralmente le resulta más rentable atizar al Govern y al sistema judicial. En la Guardia Urbana, mientras, se sienten especialmente maltratados por el buenismo de la alcaldesa.
La convivencia en Ciutat Vella se degrada día tras día. El distrito es un polvorín, pero no es el único. El malestar también aumenta en Sant Martí y, sobre todo, en La Verneda, donde la Generalitat quiere construir la nueva residencia para Menas. Los logros conseguidos durante las últimas décadas en este popular barrio de Barcelona pueden saltar por los aires si el Ayuntamiento no se involucra en sus problemas. La seguridad no es de derechas ni de izquierdas y su ausencia perjudica especialmente a las clases más vulnerables.