Hablar de prevaricar en una columna siempre es complicado. Hablar de prevaricar en el caso de Ada Colau es casi una obligación moral. Por ejemplo, podemos leer el artículo 408 del código penal sobre una definición de prevaricación: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”.

Hace unos días, una familiar mía, para más señas joven y universitaria, fue multada por agentes de la Guàrdia Urbana de secreto por hacer un mini botellón en la calle. La decisión me parece correcta. Cuando me lo explicaron, no obstante, me entró la duda de si la diligencia de esa patrulla urbana es la misma con los cientos de manteros en Barcelona. Al tener la certeza de que ello no es así, me planteé una pregunta: ¿No actúan por incompetentes o porque han recibido instrucciones para no hacerlo? Dicho, de otra forma, prevaricar.

Obviamente esa respuesta la tiene la Guàrdia Urbana, aunque a mí me extraña que unos agentes que asaltan a un grupo de jóvenes por beber en la calle sean incapaces de ver a los manteros en el centro de la ciudad, pasando de largo. Creo que no es una fantasía pensar que la Guàrdia Urbana, valiente contra los jóvenes, es cobarde cuando, simplemente, debe cumplir la Ley. Aunque dudo, ¿o realmente no son gallinas y se limitan a cumplimentar las instrucciones recibidas?.

Sí así fuera, me gustaría ver sí algún agente de la Guàrdia Urbana sea capaz de hacer público algún escrito de sus superiores donde les obligan a no perseguir el delito de los manteros, es decir una orden de prevaricación. Para esos urbanos indicar que quien les pidiera esa prevaricación podría ser incluso condenado por el artículo 404, más duro que el primero citado, y que podría comportar a quien les ordenara incluso a una pena, entre nueve y 15 años de inhabilitación.

Porque una cosa es gestionar mal y otra es gestionar mal a sabiendas. Ada Colau, con un buen abogado decidido en contra, podría no sólo ser apartada de la alcaldía sino desaparecer de la vida política en un período largo. Si cayó Al Capone por el contable, podría caer Colau por un urbano. Seamos claros, la política no es un campo para experimentos, pero sobre todo no debe ser un campo para vividores que denigren un territorio, simplemente por su total ignorancia.

Debemos escribir con claridad. Si la no persecución de la venta ilegal en Barcelona responde a una instrucción concreta de una autoridad pública, esperamos que algún agente de la Guàrdia Urbana, aunque sea anónimo, lo denuncie. En caso contrario, para muchos seguirán siendo un cuerpo dedicado a multar a la gente normal y a esconderse como auténticos cobardes ante los delitos flagrantes en la ciudad. Usted, agente de la Guàrdia Urbana, decide.