El activismo es necesario para cambiar las cosas, pero cambiar las cosas no justifica actuaciones torticeras por parte de los protagonistas, porque como dice el dicho castellano, “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”.

Primer ejemplo. El desahucio de dos personas en el barrio de Gràcia con tres niños. Irene Montero, la líder de Podemos, puso de vuelta y media a la propietaria por subir el alquiler 300 euros cuando los inquilinos pagaban 1000 euros, desde hacía más de 10 años. Se obviaba, por ejemplo, que el piso estaba situado en el barrio de Gracia, que tenía 140 metros cuadrados y que el contrato había concluido. Por tanto, había que renegociar. Luego hemos sabido que los inquilinos realquilaban habitaciones y que llevaban varios meses sin pagar, aunque ellos han defendido que han depositado el alquiler en el juzgado. Ciertamente, es necesaria una legislación sobre los alquileres para evitar subidas desmesuradas, pero no vale hacer trampas.

La familia en cuestión no parecía estar en una situación vulnerable -pagar 1.000 euros no es moco de pavo- y menos si alquilaba habitaciones, y el argumento de que no querían irse del barrio no justificaba ni la acción de Podemos ni la acción del Sindicat de Llogaters, que utilizaron tácticas cuasi mafiosas para presionar a la propietaria que hacía uso de su potestad legal. Tratar de generalizar la problemática de los alquileres de las familias más vulnerables a aquellos que tratan de hacer su pequeño negocio no es el mejor consejo.

Segundo ejemplo. Las subvenciones del Ayuntamiento vía becas para hacer campaña en contra de las empresas “transnacionales” para luchar, como rezan los proyectos, “contra la arquitectura de impunidad de estas empresas para mejorar la coherencia de las políticas públicas de agua y energía en favor de la justicia global”. Parece poco ético que el consistorio dedique dinero para denunciar a quienes se oponen a sus políticas vía informes “supuestamente objetivos”.

Erróneamente lo serán si de entrada se considera que estas empresas son casi delincuentes. El estudio periodístico no persigue desenmascarar prácticas ilegales por parte de estas empresas, sino que da por hecho que son ilegales y los resultados de estos pseudo estudios son más que previsibles. Las empresas son culpables, son delincuentes y el modelo público es el único posible. Conclusiones que, casualidad, coinciden con la percepción de los comunes de Ada Colau. Es poco ético y con un tufillo de propaganda. Al menos, si se subvenciona que no nos lo cuelen como trabajos imparciales.

Ambos ejemplos tratan de llevar el ascua a su sardina, pero la alcaldesa, el Sindicat de Llogaters, los alquilados y los periodistas que hacen estos reportajes de “investigación” -infumables, por cierto- deben de pensar que los ciudadanos somos imbéciles. Pues no, no lo somos y una cosa es denunciar situaciones antisociales para cambiar la realidad, y otra cosa es mentir deformando la realidad para satisfacer nuestros intereses. Esto recuerda aquella máxima que decía si la teoría no concuerda con la realidad, peor para la realidad. Lucía mucho esto en tiempos de Stalin.