La muerte en el centro de Barcelona de los cuatro miembros de una familia inmigrante en un incendio de origen desconocido vuelve a poner de manifiesto las debilidades de nuestro sistema, que no es capaz de acoger a quienes llegan hasta su puerta en busca de auxilio. Una y otra vez se quedan fuera.

La Guardia Urbana y los servicios sociales del ayuntamiento habían inspeccionado el local comercial donde se ha producido la tragedia y en el que vivían no se sabe cuántas personas de forma ilegal. Pero no detectaron motivos para considerar que existía un riesgo inminente y que, en consecuencia, era necesario el desalojo.

Seguro que los funcionarios que atendían a la enésima denuncia de los vecinos, a los que los okupas molestaban con sus peleas nocturnas, se limitaron a aplicar los protocolos establecidos por el consistorio para definir qué es una situación de peligro. Como los técnicos de la compañía eléctrica, que hace pocos días verificaron --¿cómo diablos entraron?-- que el cuadro eléctrico de los bajos estaba en perfectas condiciones.

Más que esos fallos, lo que llama la atención es que la alcaldesa se presentara en el lugar de los hechos a primera hora de la mañana para denunciar a “una entidad bancaria que se fue de Barcelona” y quejarse: “No puede ser que los locales estén indefinidamente vacíos y que los propietarios se desentiendan”.

Si fuera cierto lo que dice Ada Colau, que no lo es, cabría preguntarse por las razones que llevan a un banco a olvidarse de un inmueble en lugar de obtener un provecho por mínimo que sea, qué interés puede tener Evo Banc, que es el propietario, en perder dinero. Los bancos no pueden cambiar de uso esas propiedades porque la ley lo impide y les cuesta dios y ayuda desalojar a los okupas entre otras cosas porque ciertas administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, no les ayudan.

En Barcelona hay más de 5.000 locales de planta baja sin uso y en estado de abandono. ¿Por qué no se flexibilizan las condiciones para conceder la cédula de habitabilidad, quizá obligando a unas mínimas obras para mejorar la ventilación y las condiciones higiénicas? ¿Por qué se resiste el ayuntamiento, que tampoco incentiva a los promotores para que dejen de construir de una vez bajos comerciales sin salida?

Poner en el mercado esos locales, aun con alquileres intervenidos, permitiría que sus dueños obtuviesen un beneficio, los vecinos dejarían de sufrir molestias y de costear los suministros de los okupas, como ocurre con frecuencia, se acabaría la generación permanente de suciedad de estos antros y aumentaría el parque de viviendas de alquiler del que tan necesitada está Barcelona.

Por el contrario, los barceloneses se desayunaron ayer, primero, con la tremenda noticia de la muerte de esas cuatro personas que vivían aquí, dos de las cuales probablemente habían nacido aquí, pero que estaban fuera del sistema. Y poco después con la letanía de su alcaldesa: nuestros servicios sociales han hecho todo lo posible --¿cómo puede ser si estuvieron allí hace un mes y no lo supieron ver?--, pero los culpables son los bancos. Con su excusatio non petita, accusatio manifiesta Colau se pone en evidencia. Sabe perfectamente qué mundo vive tras las okupaciones más miserables de Barcelona, las mafias y los abusos que anidan en ese universo de necesidades primarias desatendidas, pero prefiere mantenerse en la demagogia de siempre y echar pelotas fuera sin hacer frente a los hechos.