Más de 450 tardes de cortes a una de las arterias principales de la ciudad de Barcelona. Más de 450 tardes de colapsos circulatorios, molestias a los vecinos y perjuicios a los comerciantes. Este miércoles, en la sesión de control al Govern en el Parlament, quisimos saber cuál sería la política que seguiría el nuevo conseller de Interior [Joan Ignasi Elena] en relación a un problema que dura demasiado ya, sin que nadie parezca querer ponerle fin.

Su respuesta, por desgracia, no fue ninguna sorpresa: apoyo absoluto a 20 personas que tienen secuestrada una de las vías principales de acceso a Barcelona. Y la pregunta que deberíamos formularnos es: si esas personas no se estuviesen manifestando a favor de los presos del procés ¿tendría el mismo posicionamiento el conseller? Y la respuesta es, seguramente no.

Lo que está sucediendo en la Meridiana es un claro abuso del derecho de manifestación, amparado y jaleado por nuestros dirigentes independentistas, y tolerado por el gobierno de Colau, que poco hace para poner fin al calvario de los barceloneses que se ven afectados.

La Guardia Urbana de Barcelona ha realizado diversos informes desde 2019 en los que se evidencia que en estas manifestaciones diarias, que ya duran más de un año, se han producido ruidos, agresiones, daños a vehículos policiales y particulares, uso de armas no reglamentarias y atropellos; alertando además de la necesidad de destinar en la zona, diariamente, efectivos de la policía local, con la consiguiente desatención de otras zonas de la ciudad que necesitarían una mayor presencia policial.

A ello debe sumarse el grave perjuicio que causan a los vecinos de la zona, retrasando día a día su retorno a casa, soportando el incremento del ruido y la emisión de humos, a la vez que afectan a la circulación del transporte público. En definitiva, impiden la vida normal y tranquila de los vecinos, comerciantes y todos aquellos que circulan y viven cerca de La Meridiana.

El derecho de manifestación no tiene carácter absoluto ni es un derecho ilimitado. La Constitución, la LO 9/1983 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecen la procedencia de limitar este derecho cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto de perfil, la Generalitat les aplaude, incluso la presidenta del Parlament [Laura Borràs] les recompensa con una visita para animarles a proseguir con su “protesta”, y los vecinos tienen que autoorganizarse para defenderse de una situación que ha llegado a límites insostenibles. 

Nuestros gobernantes, una vez más, fuera de la ley.