Tras la sentencia del procés hemos visto con estupor como durante semanas los comandos separatistas han secuestrado gran parte del centro de la ciudad, convirtiéndolo en un campo de batalla. Barricadas, quema de contenedores, ocupación ilegal del espacio público y cortes de vías, han sido la estampa diaria para vecinos y visitantes.

El colmo de este tsunami de violencia ha sido la acampada ilegal que durante 20 días ha condicionado el día a día de miles de ciudadanos, comerciantes y turistas.

Han tenido que pasar 20 días, de inacción y silencio y la presunta comisión de algún delito muy grave para que el gobierno municipal finalmente haya querido asumir su responsabilidad y competencias de seguridad y orden público y se ordenase a la guardia urbana que desalojase la plaza. En treinta minutos, se puso fin, con tan solo algo de voluntad política, al caos y la degradación del entorno que se había generado.

Mientras los vecinos, los restauradores y comerciantes afectados pedían por activa y por pasiva que se pusiese fin a este abuso  y vulneración de los derechos de la ciudadanía, el gobierno municipal de Collboni y Colau hacía oídos sordos y rechazaba todas las iniciativas que Ciudadanos presentaba con este objetivo. Poco o nada han importado los perjuicios y daños provocados al entorno, a la convivencia o el colapso de la movilidad en la zona, así como las cuantiosas pérdidas que han sufrido los comerciantes, que según ellos mismos han reconocido ascienden hasta el 90% de la recaudación diaria durante días.

La acampada ilegal en Plaça Universitat ya no está, pero lo preocupante ahora es el precedente que se ha creado con tanta permisividad y connivencia por parte de quienes gobiernan Barcelona, ya que su modelo de ciudad alienta y sostiene directa e indirectamente a quienes organizan y ejecutan este tipo de acciones incívicas y en contra de los intereses del conjunto de la ciudadanía.

Esta semana nuestro grupo municipal ha presentado y defendido una iniciativa para que el ayuntamiento tome medidas que impidan la repetición de situaciones como la vivida en Plaza Universitat y que se cumpla con la obligación de sancionar a los organizadores pero el gobierno la ha rechazado.

La ciudad debe cambiar su imagen, ponerse sus mejores galas y aprovechar la época navideña para remontar el vuelo y dinamizarse, ese debería ser el objetivo inmediato. Ante la ausencia total de apoyo del gobierno municipal a los comerciantes.

Frente a este desamparo institucional, hemos insistido en la necesidad de ofrecer un plan de impulso para el comercio de la zona tan afectado por las protestas que, esta vez sí que ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas quienes han reconocido, con su voto favorable, la mala situación por la que atraviesa el sector. Por este motivo, estaremos vigilantes en la aplicación de las medidas necesarias para que el comercio local supere las adversidades por las que atraviesa actualmente y que se verán agravadas con ese impuestazo indiscriminado que Colau y Collboni, con el apoyo de Maragall, van a castigar a todos los barceloneses.