Los comunes no pasan por un buen momento. La convocatoria de elecciones ha roto sus costuras de forma exponencial. Ada Colau no sabe dónde acudir. ERC come en sus caladeros, el PSC no se queda atrás y, por si fuera poco, la CUP ha decidido presentarse en estas elecciones. Para rematar, los comunes saben que Jaume Asens no es el mejor candidato que pueden presentar. Lo saben hasta ellos. Por eso, Ada Colau y su guardia pretoriana se ha puesto las pilas para poner sobre la mesa un tema con el que hacer su demagogia preferida: el agua pública es más barata.

Lo necesitan como agua de mayo. Necesitan un tema que sea su banderín de enganche. Y ese tema es el agua. Colau se ha anclado en el soberanismo equidistante que ha hecho estragos en sus caladeros electorales. Por eso, tratan de cambiar el chip. Que no se hable del procés, que se hable del agua. Ya se lo anuncio. Tendrán escaso éxito porque el mes de octubre será una “explosión continuada” y los comunes verán cómo se abren las vías de agua –nunca mejor dicho– en sus caladeros electorales. Por eso, recurren a un viejo discurso.

Hace unas semanas anunciábamos en estas páginas el relevo de Joan Pinyol al frente de la gerencia de Ecología del Área Metropolitana. Imma Mayol asumirá la responsabilidad de enfrentarse a la compañía de aguas en lo que llaman “remunicipalización” pero suena más a “nacionalización”. No basta con que los índices de satisfacción sean elevados en el servicio de agua. Tampoco que AGBAR sea un modelo en responsabilidad social, como dijo hace tres años la propia alcaldesa. Y menos que el servicio esté garantizado y la calidad del agua adecuada. Lo importante es hacerse con el control de la empresa argumentando que el agua es cara. Anuncian de un ahorro de 30 millones de euros, pero para el ciudadano el ahorro es imperceptible. Toda una guasa. Apenas 55 céntimos de ahorro porque el canon del agua y los impuestos municipales –estos ni se abaratan ni se restringen– siguen inflando un recibo. De hecho, el coste del agua en el recibo es de un 35%. El resto se lo pagamos religiosamente los ciudadanos a Torra y a Colau, en impuestos.

Lo que no se pregunta la alcaldesa es qué repercusión tendrá en la empresa. Si esos 55 céntimos pueden afectar a la plantilla de AGBAR. Si esos 55 céntimos pueden afectar a las inversiones de modernización de la red, una puesta a punto casi diaria. Si esos 55 céntimos pueden afectar a la calidad del agua. En definitiva, si esos 55 céntimos pueden poner en cuestión a una empresa multinacional que lleva la marca Barcelona alrededor del mundo.

El PSC tendrá la llave de esta acción política perpetrada por Colau en el Área Metropolitana porque no se trata de abaratar el agua sino de abrirle al PSC una vía de agua –otra-– de cara a las elecciones generales. El discurso populista y demagógico dirá que los socialistas se han puesto al lado del gran capital por no aceptar una rebaja en el precio. Una rebaja que es posible ateniéndose a la postura de la empresa que aboga por reducir el precio en un 3,7%. Este discurso puede hacer temblar las piernas a los responsables socialistas. El vicepresidente del Área, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, dijo que cedía al chantaje de los Comunes de mantener sus puestos en la entidad metropolitana a cambio de decidir los grandes temas por consenso y en el pleno. De momento, el consenso se lo han saltado los comunes. Y, en el pleno, mandan los socialistas. Veremos si Balmón cumple su palabra. Está en juego el futuro de una empresa y del suministro de calidad del agua en Barcelona. Dicen que la pública es más barata pero la señora Colau no puede presentar ni un solo documento que lo atestigüe. Dirán que París y Berlín son ejemplos. Pero no lo son. El agua pública es más cara, y Valladolid esa referencia dice que sólo se realizan un tercio de las inversiones, que los cortes aumentan y la transparencia brilla por su ausencia. Lo último que aparece en Aquavall es la memoria de 2017. Ya queda un poco lejos. ¿No deberíamos tomar nota?