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En el pleno municipal de este mes de mayo se ha acordado por unanimidad, a petición del grupo municipal del Partido Popular, que el gobierno municipal elabore un informe jurídico por las diferentes contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante el estado de alarma derivadas por la situación de emergencia del COVID19.

Y es que la alcaldesa Colau se ha gastado sólo en este pasado mes de mayo 6,5 millones de euros en contratos tramitados por “decretazo” amparándose en la situación de emergencia. De estos contratos a dedo 3,2 millones de euros han sido destinados a publicidad y comunicación, es decir que nos hemos dejado la mitad de esos recursos en “autobombo” del gobierno de los comunes.

Ella es poderosa. ¡Tiene mucho poder! Como reza la letra de esa canción del gran maestro Peret donde rendía tributo a la ciudad de Barcelona, canción que compuso expresamente para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, titulada “Gitana hechicera”.

Pues bien, en la web de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona y entre los contratos destinados a la situación de emergencia aparece uno dirigido a una campaña denominada “Barcelona tiene mucho poder” por casi 18.000 euros a favor de Martínez Padilla, el que fuera el director creativo en el Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena. Pero la cosa no queda aquí, porque a pesar del dudoso gusto del cartel diseñado y de tratarse de una adjudicación a dedo de la red de amiguitos de la izquierda comunista, cinco días después de adjudicarle ese contrato (sí, solo cinco días!!!) era contratado como asesor por la alcaldesa con un sueldo de 68.027 euros brutos anuales.

Ella es poderosa. ¡Tiene mucho poder! La alcaldesa Colau ha usurpado el protagonismo a Barcelona, y se ha convertido en la poderosa que a golpe de decreto gobierna y dirige la ciudad durante esta situación de crisis a su antojo y sin el control de los procedimientos de contratación.

No es solo por la contratación a dedo de su propaganda en la que casualmente también incorpora en sus carteles los colores de la bandera venezolana, ni por facilitar la puerta giratoria entre ayuntamientos a podemitas de carné. También hay que recordar el frustrado Concierto en los balcones, que nos iba a costar a los barceloneses más de 250.000 euros de dinero público para pagar la producción a Mediapro, empresa de Jaume Roures. Otro dedazo que se vio frustrado por las críticas del mundo de la cultura, el abandono de artistas y la oposición política que acabó por forzar una comisión extraordinaria para que la alcaldesa explicase sus intenciones con ese concierto. Pero la alcaldesa no apareció en la comisión, prefirió dar explicaciones a la Sexta la noche anterior.

Pero la canción no acaba ahí. Además de su autobombo publicitario y propagandístico, esta semana conocíamos por el sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona que la poderosa alcaldesa había adjudicado un contrato a una empresa de seguridad privada por el periodo de 2 meses (hasta julio) y por casi 1 millón de euros, para que vigilen las calles cerradas al tráfico por la aplicación de sus políticas de movilidad dirigidas a expulsar al vehículo privado de la ciudad y ganarle sitio en el espacio público. ¿No sería lógico que esas funciones de control se dejaran en manos de los agentes de la Guardia Urbana que son quienes ostentan las atribuciones de regular el tráfico y de la seguridad ciudadana?

Y ya por no entrar en el detalle del despropósito de las medidas que se están aplicando aprovechando la situación de estado de alarma y de crisis sanitaria, y que el gobierno municipal está imputando a partidas del fondo económico destinado a hacer frente a la crisis. Entre las que podemos encontrar desde 2,8 millones de euros para nuevos carriles bici o 1,1 millones de euros para pintar de amarillo parte de la calzada en esos nuevos “espacios para peatones”.

Un ataque directo de Colau, que aprovecha el confinamiento para realizar una revolución en la movilidad con tintes ideológicos. La ciudad todavía necesita vías principales con carriles de circulación, zonas de carga y descarga para continuar con la actividad económica y espacio para aparcamiento de las motos que contribuyen a una menor congestión de la ciudad. Los cambios deben hacerse de forma gradual y con tiempo para introducir nuevos hábitos, no con una revolución aprovechando una crisis sin precedentes. Y aún con más motivo cuando estamos viendo cómo el uso del transporte público no ofrece la confianza sanitaria suficiente a los ciudadanos.

Y es que, a golpe de decreto, ya se sabe… Colau es poderosa. La alcaldesa tiene mucho poder…

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