El pasado fin de semana Ada Colau, como alcaldesa de Barcelona, envió una carta a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que podría ser sometida a un comentario de texto en los exámenes de acceso a la Universidad. La carta incluye un conjunto de opiniones que intenta justificar en hechos. El problema es que la descripción de esos hechos es muy discutible, por no decir que errónea. No hay que suponer que esté mintiendo, es preferible pensar que está mal informada.

El hombre se forma una idea del mundo de varias maneras. Una es observándolas directamente. Otra, aceptando la información que le proporcionan otras personas, de viva voz o por escrito. A veces, sin embargo, conviene contrastar esas informaciones ya que pueden estar contaminadas por el interés o la ignorancia.

Por ejemplo: los creacionistas creen que no ha habido evolución sino que alguien (al que habitualmente llaman Dios) creó el mundo más o menos de una tacada. No hay un solo dato biológico o geológico que avale esa creencia, pero les da igual.

En el caso de Ada Colau, es obvio que cree cosas que debe de conocer de oídas. Así, sostiene que el juicio a celebrar es “una situación anómala dentro de Europa” debido a “la condición política de las personas encausadas - diputados, consejeros del anterior gobierno catalán y líderes de la sociedad civil”. No es verdad. No hace falta cruzar los Pirineos: en España han sido juzgados y a veces condenados individuos que han sido presidentes de comunidades autónomas, consejeros y ministros, además de algún banquero. No hay anomalía alguna. Lo anómalo sería que quien supuestamente delinque no fuera sometido a juicio en función del cargo que pudiera ocupar.

Colau prejuzga los hechos: “Considero que (…) los delitos que se imputan son absolutamente desproporcionados, ya que en ningún caso se motivaron situaciones de violencia por parte de la población o el gobierno catalán”. Tan rápida y contundentemente conoce ella el veredicto de este caso que convendría hacerla juez honoraria para otros que no le han preocupado: el del 3% o los relacionados con la familia Pujol. Se acabaría con el colapso en los juzgados.

Es de suponer que defiende la división de poderes, aunque resulte extraño que formando parte del Ejecutivo (que no es sólo el gobierno central) se dirija a alguien que no pertenece al poder judicial (el presidente de la Comisión Europea) para ocuparse de asuntos que incumben a los jueces. Señala que la sentencia puede tener consecuencias políticas. Pero los jueces no son políticos, no pueden decidir si alguien es culpable o inocente en función de las consecuencias. Si fuera así, bastaría con que  los partidos que tienen militantes acusados  (algunos ex ministros) amenazasen con disturbios para inclinar la balanza, difícilmente del lado de la justicia.

Conviene recordarlo: los independentistas no están siendo perseguidos por serlo. Ahí está Elsa Artadi o Joaquim Torra (que está, aunque no se note). Los procesados lo son por lo que hicieron, no por lo que dijeron.

La afirmación de que una condena acabaría con el diálogo tiene el mismo valor que la predicción del resultado de los partidos en las quinielas. Será así o será de otro modo. Si los que tienen que dialogar, quieren hacerlo, no se ve por qué tendría que dejarlo. Salvo que el diálogo sea moneda de cambio sobre las hipotéticas condenas.

Sostiene que no es independentista. Pero las tesis que defiende son las mismas que las del independentismo: “No estamos sólo ante un asunto interno de España, sino que las consecuencias de este juicio son de interés para el conjunto de instituciones europeas”. Habría que recordarle el refranero: dime con quien andas y te diré quien eres. Y ella se pasa el día andando con independentistas: de la mano y enlazada.