Un contrapoder. Aunque se niegue, pese a la idea de que prima la colaboración, Barcelona reivindica su propia autonomía frente al territorio al que pertenece y del que es capital. Pero, aunque no fuera así, entraría igualmente en un choque de intereses frente a la gran administración que es la Generalitat. Y el sistema de partidos políticos creado desde la transición –pese a las nuevas formaciones constituidas en los últimos años— ha reforzado esa dialéctica de la que no pueden escapar sus protagonistas. Barcelona vive pendiente del otro gran polo económico en España, Madrid, y es víctima, de nuevo ahora, de los partidos que están al frente del Govern de la Generalitat. ¿Por qué? Porque los intereses son muy distintos.

El gran objetivo de Esquerra Republicana ya lo ha cumplido: Pere Aragonès preside la Generalitat. Queda algo mucho más difícil, el de conseguir la hegemonía en el terreno nacionalista, y la lucha con Junts per Catalunya va para largo. Pero sabe qué es lo que quiere, y es cierto que el anhelo de tener un alcalde republicano en Barcelona es grande, pero prima una idea del “país”, en el que los Mossos d’Esquadra, por definición, no tienen por qué estar pendientes únicamente de la gran urbe catalana.

Ese conflicto se ha puesto de manifiesto con un cruce de acusaciones entre el PSC y ERC, los dos grandes adversarios políticos en estos momentos en Cataluña. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, consciente de que para la izquierda bien entendida el orden es primordial --¿quién dijo que la reclamación de más policías sea algo de derechas?—ha señalado a la Generalitat por no dotar de más efectivos de los Mossos a la ciudad durante ese verano, que se prevé complicado por el alto número de turistas y de posibles robos en muchos barrios. Y a los republicanos no se les ha ocurrido otra cosa que tachar a Collboni por defender, dicen, un discurso cercano al del Vox.

El hecho es que el departamento de Interior, que dirige el ex socialista Joan Ignasi Elena –para ERC es una obsesión elegir a ex socialistas para muchos cargos clave en la administración—se vanagloria de reforzar el verano con 267 agentes más. Pero el refuerzo específico, como apunta Collboni, es de 65 Mossos, porque ese incremento de 267 se debe contar respecto a 2019, no para el verano. Y para el dirigente socialista esos 65 “son totalmente insuficientes”.

La lucha es total, porque Elena tacha a Collboni de querer confundir con las cifras. Él, personalmente, en el último año, ha visitado territorios muy sensibles para los socialistas como el barrio del Besòs, muy acuciado por la inseguridad, con la idea de que es la Generalitat, es decir, los republicanos, los que velarán por todos los vecinos, a diferencia del PSC que, gobernando el consistorio junto con los comunes de Ada Colau, no ha sabido protegerlos.

¿Quién hace demagogia en ese contexto? Lo cierto es que la ciudad de Barcelona es la que está expuesta frente a esa lucha política. Lo que se juega en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2023, es determinante para la suerte de la ciudad y para el conjunto de la política catalana. Pero, al margen del color político que obtenga la alcaldía, el problema de fondo se mantendrá. Barcelona requiere un trato especial, como la gran urbe de todo el levante español y del sur de Europa, que la administración de una comunidad autónoma que se reclama un país propio, no puede ni quiere ofrecer. Y el choque se mantendrá, a menos que se produzca un gran acuerdo político, generoso, que entienda que sin Barcelona el resto del territorio sería muy poca cosa. Esa es la verdad.