El colapso permanente de la AP-7 tras la eliminación de los peajes deja al descubierto lo peor de nuestro Gobierno autonómico: su incapacidad para gestionar. Todo el esfuerzo, todos los recursos, así como el talento que pueda albergar, se dedican a lo único que les interesa, la cuestión identitaria. El funcionamiento del país, el día a día de los ciudadanos, no parece preocuparles demasiado: ya se resolverá, y si no siempre estará el Estado, o el ayuntamiento, para echarles las culpas. Es como una versión indepe del vuelva usted mañana.

Antes de que en septiembre pasado finalizaran las concesiones de las autopistas de titularidad de la Administración central, el sector de la logística llamó la atención sobre la necesidad de un plan para atender las consecuencias previsibles de la gratuidad. Las advertencias cayeron en saco roto, entusiasmados como estaban nuestros gobernantes por fotografiarse ante el fin del Espanya ens roba amb els peatges que materializaba el levantamiento de las barreras, pese a que las de titularidad autonómica –las más caras-- seguían y siguen vigentes. Esas no deben robar y tampoco discriminan.

En los escasos diez meses transcurridos, la Generalitat ha modificado tres veces la normativa sobre la circulación de camiones en las vías mal llamadas rápidas. Y, según anunció ayer la portavoz del Consell Executiu, están preparando una cuarta.

La inoperancia es apabullante, como evidencia que el director general de Transit, Ramon Lamiel, admita que el tráfico de la AP-7 ha aumentado un 40%, pero asegure en paralelo que la situación no es peor que hace dos años. No saben qué hacer. Piensan en contratar grúas que colaboren con las de los seguros en la retirada de los automóviles averiados; quizá en abrir más carriles adicionales en los momentos de congestión. Además, Lamiel recomienda a los conductores que elijan mejor sus horarios para salir de la ciudad.

El máximo responsable de movilidad de la Generalitat insinúa que los atascos no son un problema exclusivo del Govern, que los días laborables también se forman para entrar en Barcelona, algo que se podría solucionar, dice, recurriendo más a los autobuses que cubren trayectos interurbanos.

Está claro que no supieron anticipar ni planificar el día de después y que ahora carecen de ideas para ayudar a los ciudadanos y lo mejor que se les ocurre es echar las culpas al Ayuntamiento de Barcelona y a la Administración central –el Estado-- que aún es titular de las autopistas gratuitas. Se emplearon a fondo en las campañas contra los peajes –estatales-- y ahora no saben qué hacer sin ellos.