Da la impresión de que en España se llega a presidente del gobierno central y autonómico o a alcalde sin tener una idea muy clara de lo que se piensa hacer. Solo así se explica la ingente cantidad de asesores con la que cuentan nuestros mandatarios, del mayor al menor, cuyas funciones casi nunca están muy claras para el ciudadano medio. Da la impresión de que el término “asesor” es una especie de “Ábrete, Sésamo” que no requiere más explicaciones, pues dichas explicaciones no suelen llegar nunca y ya nadie pregunta qué hace exactamente tal o cual sujeto contratado para asesorar, así en general.

Ada Colau acaba de sumar un nuevo asesor a la docena que ya formaban lo que se conoce como “el núcleo duro de la asesoría municipal” y que nos cuestan cerca de 740.000 euros al año sin que nadie sepa con exactitud a qué se dedican. La administración Colau siempre ha tenido un punto de agencia de colocación para compañeros de partido, amigos de la casa (a esos se les subvenciona con dinero público y esquivando explicaciones, como sucede con la alegre pandilla de organizaciones bondadosas de la calle Casp), novios/novias de personajes influyentes de la organización y demás gente necesitada de un sueldo fijo. Si el año pasado acogimos en Barcelona a Nacho Padilla, ex director creativo (signifique eso lo que signifique) de Manuela Carmena en Madrid, ahora hacemos lo propio con Jesús Gil Molina, ex jefe de prensa de Podemos entre 2014 y 2017, de cuyas funciones nada se nos cuenta: con lo de que viene a asesorar, vamos que chutamos. Hay que reconocer que el sueldo asignado no es escandaloso (57.000 euros anuales), pero estaría bien que nos dijeran qué piensa hacer para justificarlo. Me conformaría con que me dijeran que hay montado una especie de Socorro Rojo entre los comunes y Podemos, que se comunican por teléfono (rojo, por supuesto) y que la cosa consiste en colocar a camaradas con los que nadie sabe muy bien qué hacer. Total, en Cataluña ya tenemos experiencia en esa clase de actividades: recordemos la época, no demasiado lejana, en la que los convergentes, cuando no sabían muy bien qué hacer con alguien, lo enviaban a TV3, le ponían un despacho y ahí echaba las horas el hombre (o la mujer) sin que los trabajadores de la casa averiguaran jamás qué hacía.

Se suponía que los comunes estaban en contra de esa clase de conductas, pero no parece que estén mucho por la labor. Aquí se reparte dinero entre asociaciones dirigidas por amigos del partido y cada vez que se le pregunta por esa cuestión a la alcaldesa, ésta silba, cambia de tema o se quita de encima al maleducado que ha tenido la ordinariez de sacar el asunto a colación. De la misma manera, gracias a la figura mágica del “asesor”, se va invitando a compartir la sopa boba municipal a los necesitados, hurtándole también al populacho cualquier tipo de explicación sobre sus futuras atribuciones: con lo de que vienen a asesorar ya debemos darnos por satisfechos.

El gobierno autonómico nos ha acostumbrado a tener la impresión de que aquí nos sobra el dinero. Por eso, cualquier subsecretarillo o director general gana más que el presidente del gobierno central. Tengo la impresión de que el Ayuntamiento se ha contagiado de tan molesta tendencia, como si el dinero no fuese de nadie y estuviese ahí para arreglarles la vida a los amiguetes. No descarto la posibilidad de que el señor Gil Molina sea un genio en lo suyo (sea lo que sea) y que sus capacidades asesoras sean formidables, pero…¿Alguien podría explicarme con exactitud qué hacen él y los demás asesores de la alcaldesa? ¿No debería hacer algo el Ayuntamiento para disipar esa sensación, cada día más extendida entre la plebe, de que funciona, entre otras cosas, como agencia de colocación y subvención de amiguetes?

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