La prensa ha publicado que el Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia mediante, ha repartido cuantiosas ayudas a grupos, asociaciones, entidades o como quieran llamarse para armarse de razones en su campaña a favor de la remunicipalización de algunos servicios públicos. Una de estas asociaciones, con la que el señor Badia estuvo estrechamente vinculado durante ocho años, Enginyers sense fronteres (ESF), valdría como ejemplo. En los últimos cuatro años, ESF ha recibido más de un millón de euros de las administraciones públicas catalanas. 585.000 euros procedían del Ayuntamiento de Barcelona y el resto, de la Diputación de Barcelona, de los ayuntamientos de Girona o Tarragona, o de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

La cuestión es que la mayor parte de estas ayudas iban a proyectos que tenían títulos como La relocalización energética en Barcelona. Hacia un modelo de ciudad más justa con el sur global, un estudio que costó más de 110.000 euros, cuyo fin no era otro que justificar que la empresa eléctrica que montó el Ayuntamiento de Barcelona es divina de la muerte. La mayor parte de todo ese dinero se ha destinado a una campaña de desprestigio de las empresas que comercializan o distribuyen la electricidad, el agua o el gas en Barcelona. Consulten las hemerotecas y los archivos y juzguen ustedes mismos.

Dicho de otra manera, en vez de invertir el tiempo en cosas útiles se gastan el dinero en chorradas. De acuerdo que esas grandes empresas no son precisamente hermanitas de la caridad, pero la pobreza energética no se combate con un estudio que cuesta una pasta para concluir que una placa solar fotovoltaica nos convierte en mejores personas, sino con políticas sociales efectivas. Que narices. Se confunde la velocidad con el tocino, las políticas sociales con el buen rollo guay. Uno se desespera y se pregunta qué ha sido de la izquierda en este país, en qué se ha convertido. Confunden el progreso social con ser progre, que es como confundir una buena novela con su resumen en PowerPoint.

Quiero resaltar algo de lo que apenas se habla cuando surge esta polémica, que es el modelo alternativo propuesto. Es muy lícito no estar de acuerdo con lo que hay, hasta diría que es sano querer o intentar mejorarlo. Pero ¿qué les gustaría imponer en su lugar? Digo "imponer" porque no parece que su modelo sea negociable, primer problema serio.

Tendremos que andar con ojo con las palabras empleadas para describir el modelo alternativo. Hablan de un "nuevo modelo de gobernanza democrática", pero tan democrática es una privatización, como una concesión, una empresa mixta o una pública, si se hace de acuerdo con la ley y gracias a la mayoría correspondiente. Decir eso es no decir nada. Pero, claro, aquí el adjetivo "democrático" significa "asambleario", y entonces sí que dice. Tengo mis dudas sobre las virtudes de un sistema asambleario, pero de nuevo me abstengo y paso al siguiente punto.

Me asombra el retroceso y la falta de perspectiva de sus "alternativas de modelos de gestión" cuando ni van ni pretenden ni quieren ir más allá del municipio en la gestión de infraestructuras tan básicas como la energía, el agua, el alumbrado público o el transporte... ¡en una metrópoli como la de Barcelona! Porque Barcelona no es el municipio de Barcelona, sino unas docenas de municipios que forman un área urbana en la que viven millones de habitantes, extensa, compleja y necesitada de una gestión unificada y altamente profesionalizada. Si la gestión debe ser pública, privada, mixta... Ahí no entro. Sólo digo que los problemas de la metrópoli tienen que ser resueltos con la perspectiva de una metrópoli, y eso no lo veo.

No puede ser que la alternativa a lo que tenemos tenga como fundamento ese narcisismo de mirarse el ombligo, que niega la realidad urbana que configura Barcelona y, de refilón, la que otorga a Cataluña un lugar en el mapa, porque ya me dirán qué sería Cataluña sin Barcelona. O Barcelona es metrópoli y tiene un gobierno unificado o ya pueden decir misa. Todos.