Hubo un tiempo en el que construíamos “más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas”, tiempos de la “Champions League de la economía europea…” No hace demasiado, tan solo una década. También eran tiempos de Formula 1 por las calles de Valencia, aeropuertos sin aviones en Castellón o Fórums de “no sé qué” en Barcelona. Tiempos de hipotecas de por vida y de vidas que ignoraban que acabarían sumidas en la precariedad y en la supervivencia a pesar de trabajar. Como bien sabemos, hace exactamente 10 años la ilusión de la burbuja financiera e inmobiliaria pinchó con consecuencias aún inciertas para las sociedades urbanas, especialmente las del Sur de Europa.
UNA CIUDAD ENCARECIDA
Desde entonces, cuesta levantar cabeza. La inestabilidad laboral ha dejado de ser una coyuntura, la devaluación salarial no cesa y, sobre todo, el encarecimiento del coste de la vida se agrava año tras año. Después del shock financiero de 2008, para más inri, la contención política de la crisis en Europa pasó y sigue pasando por la austeridad en la inversión pública y la inyección y refuerzo de la industria bancaria. Las ciudades hoy en día están sufriendo las consecuencias de una crisis social que las condena a tener que plantar cara al problema de la expulsión residencial. A pesar de disponer de menor renta, las familias han de afrontar precios al alza, especialmente en el mercado de la vivienda. En Barcelona, concretamente, ya hace tiempo que el acceso al alquiler es el más alto de su historia, batiendo records europeos, con una media que supera el 35% del salario dedicado al pago del alquiler o la hipoteca.
El crecimiento de la economía rentista es muy preocupante en ciudades como la capital catalana, con escasas competencias para la regulación mercantil que el año pasado vio incrementadas sus inversiones en más de un 40% respecto de 2016. Alrededor de 2000 millones de euros para la compra y promoción de inmuebles, al mismo tiempo de que miles de familias barcelonesas se ven obligadas a abandonar sus barrios y hasta el municipio por culpa de estos precios inasumibles. El modelo financiero español puso la semilla y las sucesivas leyes de vivienda, especialmente las últimas reformas de la ley de arrendamientos urbanos ha terminado de poner a alfombra roja a la especulación que pretende volver a inflar el valor de las hipotecas, aprovechando esta burbuja irracional e insostenible en el alquiler.
LA VECINDAD TOMA PARTIDO: TENEMOS EL 30
Los planes macroeconómicos despistan profundamente sus consecuencias en términos inmediatos y humanos. Y quizás por esta insensatez, buena parte de la vecindad de Barcelona hace un tiempo que ha tomado la iniciativa para tratar de protegerse de los azotes del descontrol mercantil. Hace unas semanas, el pleno del Ajuntament de Barcelona aprobó una medida impulsada por la PAH, el Sindicat de Llogaters, la FAVB, la Assamblea de Barris per un Turisme Sostenible y el Observatori DESC que, entre otras iniciativas, desarrolla la normativa para destinar el 30 % a vivienda protegida o alquiler social de las promociones de obra nueva y rehabilitación que superen los 600 m2. Hay ocasiones (la mayoría) en las que son los propios afectados los que tienen las mejores ideas y, sobre todo, las más justas y racionales para resolver sus problemas.
Barcelona, después de más de 50 años de urbanismo expansivo en el que se ha financiado mucha vivienda privada con recursos públicos, presenta hoy en día unos datos alarmantes. Tan solo el 1,5% de la vivienda de la ciudad es pública, muy alejada de las medias europeas que oscilan entre el 15% y el 30% y de la ley catalana de vivienda de 2007 que prevé la reserva de un 15% de vivienda pública en la capital. El espacio urbano para seguir construyendo está sumamente limitado y la densificación de la ciudad presenta serios problemas, sobre todo, de movilidad. La medida aprobada espera reservar unas 400 viviendas públicas anuales a través de la iniciativa privada que parece haber encontrado en la ciudad un filón de inversión, hasta la fecha sin contrapartida social.
El capital privado se enmarca siempre en un contexto social al cual puede aportar o destruir. Se trata de priorizar el interés colectivo antes que el individual y comenzar a someter el juego del dinero a la responsabilidad social. Nos son los Eurovegas sin derechos, ni los rascacielos sin habitantes, ni los macroeventos desproporcionados los que traen la felicidad y el progreso. La prosperidad de la ciudad se impulsa desde la sostenibilidad de sus barrios y de sus comunidades, desde las oportunidades que brinda poder quedarnos y seguir recuperando el derecho a hacer Barcelona.