A día de hoy ya podemos afirmar que el gobierno de la ciudad no tiene intención alguna de solventar la problemática a la que nos enfrentamos en materia de ocupación ilegal. El gobierno de la ciudad de Barcelona de hecho, es incapaz de adoptar un posicionamiento claro y contundente contra la ocupación. Probablemente la constatación de esta realidad no sorprenderá a muchos, pero no por ello el asunto es menos grave.

Los datos en la ciudad son escalofriantes. La provincia de Barcelona acumula 18.850 denuncias de ocupaciones ilegales de inmuebles entre 2013 y 2019. Si ampliamos un poco el foco y nos fijamos en la situación global observamos que, en el año 2019 se estimaba que había unas 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España. Y la cifra no deja de subir. De enero a junio de 2020 se han ocupado ilegalmente más de 7.400 inmuebles.

Frente a esto no cabe el discurso de todos aquellos que, haciendo verdaderos ejercicios de contorsionismo retórico, quieren hacernos creer que hay diferentes tipos de ocupación. Ocupar es entrar en una propiedad que no es tuya y robársela a su dueño. Así de sencillo. Sobre eso no hay debate ninguno. Sobre lo que podemos debatir ampliamente es sobre los motivos que hacen que exista ocupación en nuestras ciudades. Ahí si podemos encontrar escenarios distintos. Podemos discernir entre aquellos que viven una realidad económica miserable y necesitan vivienda social y aquellos que, como vulgarmente se dice tienen más cara que espalda y aprovechan la pasividad o complicidad de nuestras instituciones y los recovecos de nuestra legislación para vivir “de gorra”.

Al final, más allá de los debates sobre las causas la realidad de la consecuencia es una. En este problema hay víctimas y delincuentes, y la pretensión deliberada de intentar confundir a los ciudadanos afirmando que existen diferentes gradaciones en este problema es simplemente la de conseguir evitar un debate incómodo para los partidos del gobierno de la ciudad. El precio del alquiler y el precio de compra es muy elevado, y la vivienda social en nuestra ciudad está muy por debajo de lo que debería.  La solución pasa por ofertar un buen parque de vivienda pública, pero para quienes no tienen intención de hacerlo posible es más cómodo tolerar la ocupación. Y algunos están consiguiendo incluso que haya ciudadanos que se muestren favorables a la ocupación creyendo que se trata de una opción justa frente a la mala situación económica que vivimos. No entiendo como todos aquellos que excusan a los okupas y demonizan a los propietarios no centran sus energías en criticar a gobiernos municipales que han sido y son incapaces de solventar el problema evidente de vivienda que tenemos en la ciudad.

Quizá es importante recordar que la propiedad privada es un elemento esencial de nuestra democracia. Que atacarlo es atacar un pilar democrático y atacar un derecho humano recogido en la carta de Naciones Unidas. Quizá debemos recordarles que según se recoge en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.  Nuestra legislación debe garantizar este derecho. Y a día de hoy no lo garantiza.

Muchos propietarios ven como su vivienda es invadida por personas que ilegalmente irrumpen en sus casas, en ocasiones violentamente, y se instalan en ellas aprovechando que la legislación no permite un desahucio fácil y que el proceso judicial de desahucio es tan lento que puede tardar años. Esto tiene que cambiar.

Hace un tiempo, creyendo que la defensa de la propiedad privada es tan de sentido común que parece complicado defender lo contrario, creí que el gobierno de la ciudad sería capaz de ponerse manos a la obra para tratar de encontrar soluciones. A día de hoy, vista la evolución del problema creo que la única solución pasa por un cambio en la legislación. Un cambio en la ley que imposibilite que la situación siga siendo la actual y que nos proteja con independencia de los gobiernos municipales que tengamos.

Afirmaba la ministra Margarita Robles que "Tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación'”. No es cierto. Es evidente que esto no es verdad. Por eso es tan importante que unamos nuestras voces para pedir al gobierno que tome cartas en el asunto, reconsidere su posición e impulse una reforma de la ley vigente para proteger por fin a los ciudadanos. Por ello, un grupo de ciudadanos hemos iniciado una petición en change.org titulada “En defensa de la propiedad privada: Acabemos con la okupación”. Porque al final es evidente que, si no cambiamos la legislación, la situación seguirá empeorando, y seguiremos viendo como cientos de familias españolas seguirán viviendo el calvario de ver como les roban la casa y no pueden hacer nada.