Buena parte de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona tienen en marcha proyectos para paliar la escasez de vivienda. En colaboración con la iniciativa privada en la mayoría de los casos, tratan de facilitar suelo edificable, agilizar licencias y ayudar en la financiación.

Son procesos a medio plazo que tratan de sacar al país del pozo que representa disponer solo de un 2,5% de vivienda protegida pública frente a la media europea del 9,3%. Una situación a la que nos vemos abocados después de haber tenido uno de los parques públicos más amplios del continente.

La presión de los precios del mercado libre consiguió en su día que se flexibilizaran o eliminaran los límites de la VPO para pasar al mercado libre. Grandes tenedores como las cajas de ahorros encontraron una oportunidad para desinvertir en vivienda social y dedicar sus recursos a actividades más productivas cuando la normativa les permitió competir de forma abierta con los bancos. Incluso las aseguradoras, que habían invertido en vivienda para asegurar una rentabilidad segurísima a largo plazo, dejaron de hacerlo. 

En las condiciones actuales, los esfuerzos de los ayuntamientos podrían caer en saco roto si la especulación y los enormes rendimientos de la inversión inmobiliaria se mantienen a los ritmos actuales. Otra cosa sería que la limitación de las rentas del alquiler de viviendas que acaba de entrar en vigor consiguiera sus objetivos y lograra racionalizar el mercado, incluida la escalada de los precios de compraventa.

En ese caso, se darían las condiciones para una intervención profunda de manera que, en el marco de un capitalismo de rostro humano, se pudiera excluir de la especulación un bien esencial protegido por la Constitución, como la vivienda.

El complemento imprescindible para lograr los objetivos que persiguen los esfuerzos municipales es el compromiso de la comunidad autónoma, la Generalitat en nuestro caso, en mantener la protección de las viviendas construidas bajo el impulso público durante toda la vida útil del inmueble. Los constructores de esos pisos deben encontrar un retorno razonable en cada proyecto –o en otros que pacten con las Administraciones a modo de compensación-- y las familias que los habiten han de beneficiarse a través del alquiler asequible, no gracias a su venta en el mercado libre después de convertirse en propietarios.