La okupación es un fenómeno social y heterogéneo que en los últimos años ha cobrado una gran fuerza en Barcelona. En el Raval, hace tiempo que las mafias aprovechan la situación de crisis y pobreza de muchas familias. Explotando las necesidades más básicas, grupos de delincuentes okupan viviendas y las realquilan de manera fraudulenta. 

Juan, nombre ficticio, es la última víctima de estos grupos más o menos organizados, que mezclan actividades ilegales como la venta de drogas con la usurpación de apartamentos para revenderlos, realquilarlos, o bien utilizarlos como un punto de trapicheo.

El pasado lunes okuparon un piso que tiene en su propiedad en la calle Sant Climent. Tras denunciar lo sucedido a los Mossos d'Esquadra, pocas horas después, los agentes le dijeron que no había nada que hacer. Ahora, se enfrenta a un más que probable largo proceso judicial para recuperar su pequeño apartamento de 30 metros cuadrados.

AMENAZAS E INTIMIDACIONES

En los últimos tres años, el apartamento ha sido el hogar de una mujer y sus cuatro hijos. Hace unas semanas, algunos vecinos empezaron a acusarla de ser una chivata de la policía en una zona donde las redadas policiales antidroga son habituales. 

Los comentarios, las intimidaciones, así como los golpes a su puerta se sucedieron durante días. Finalmente, la inquilina, harta de las amenazas decidió marchar del piso y no renovar el contrato que finalizaba el 30 de julio. 

OKUPACIÓN

Antes de irse, la mujer escuchó en varias ocasiones la intención de varias personas que merodean por la zona de okupar el piso. Un amigo de la inquilina le ofreció a Juan instalarse en la vivienda para evitar una posible usurpación. Dos semanas después, tras salir, el hombre se encontró a una familia con un niño en el interior y a otro hombre que, según fuentes vecinales, trapichea en la zona y tiene cierto control sobre lo que ocurre en este bloque de edificios. 

 

Mossos junto a un grupo de detenidos en el Raval / EFE
Los Mossos d'Esquadra retienen a un grupo de personas en el Raval 

Ese mismo día Juan y su inquilina denunciaron los hechos a la comisaría de la calle Nou de la Rambla. Los mossos que la atendieron le aconsejaron que se dirigiera a los juzgados, pero que no podían echarlos. "Me dijeron que no era una okupación en caliente", cuenta asombrado este hombre. 

PASIVIDAD POLICIAL

En la denuncia, la chica argumentó que no tenía a donde ir y que tenía miedo de volver al piso por las amenazas explícitas recibidas. También dijo que, en caso de urgencia, tenía la posiblidad de dormir de manera provisional en casa de una amiga.Según Juan, los mossos señalaron, entonces, que sí tenía un sitio donde dormir y que, quizás, los que habían okupado no tenían ningún lugar. 

"Le dieron la vuelta a la historia", se queja Juan, que lamenta la "pasividad policial" tras ver como de un día para el otro se quedó sin piso. "Parece que protejan a los delincuentes, en lugar de proteger a los que pagamos impuestos", añade. Siempre según la versión de este hombre, los agentes interpretaron que la mujer ya no vivía en el domicilio, por lo que decidieron que no podían echar a los ocupantes. La policía prometió que harían una visita al piso para identificar a la gente que había en el interior. 

PRÁCTICAS HABITUALES

Durante los últimos años Acció Raval ha detectado que algunos grupos de personas okupan viviendas para venderlas o realquilarlas de manera ilegal. "En este caso puede ser que hayan hecho un contrato falso ilegal y lo hayan alquilado pagando una entrada, o que sea una táctica para, después, convertir el piso en un narcopiso", expone Ángel Cordero, miembro de esta entidad. Muchas familias sin recursos acceden a estos tratos, más económicos que un alquiler regular, para evitar la calle.

Esta plataforma ha detectado a posteriori que pisos inicialmente okupados por familias han sido usados luego como puntos de venta de droga. Es una táctica más de los camellos para disimular sus actividades. Colocar a menores en un piso, en espera, preparado en cualquier momento para empezar a distribuir sustancias. En otras ocasiones, cuando sospechan de una posible redada también instalan a familias.

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