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Juan Cremades, responsable jurídico de Vox en Barcelona, presentó este miércoles una querella criminal contra la cúpula del Ayuntamiento de Barcelona por “prevaricación administrativa y denegación de prestación de servicios públicos”. La razón es la negativa de la alcaldesa, Ada Colau, a dejar al partido ultraderechista las instalaciones del Palau Sant Jordi para el próximo 30 de marzo, fecha en la que esta formación pretendía visualizar un multitudinario mitin en Cataluña.

El partido y el Ayuntamiento habían llegado, al parecer, a un acuerdo para utilizar el emblemático recinto. Según Vox, el Palau se reservó para los días 28 a 30 de marzo y se pagó el 50% del alquiler por adelantado. Este extremo no fue confirmado por el consistorio a preguntas de Metrópoli Abierta. Pero tras el anuncio del gran acto de la ultraderecha, se escucharon muchas voces disconformes con dejar un recinto municipal a ese partido, por lo que el consistorio se desdijo y denegó el mismo, aduciendo que estaría en obras en esas fechas.

EL PSC, EN CONTRA 

Una de estas voces fue la del líder del PSC en el consistorio, Jaume Collboni, que pidió a la alcaldesa que no permitiera que un partido de extrema derecha pudiese utilizar instalaciones municipales. Desde el consistorio, sin embargo, se recurrió a la excusa de cierre por mantenimiento.

El partido alega que de esos trabajos de mantenimiento “no se hizo mención durante la firma del contrato, ni en el pago del 50% de la cantidad que lo formalizaba ni en las visitas de los responsables de Vox a las instalaciones para realizar los trabajos de preparación del evento que se iba a realizar allí el día 30 de marzo”. Además, aseguran que tampoco hubo ninguna mención a esas obras “en las respuestas a las decenas de correos electrónicos entre BSM y los responsables de Vox”.

LOS QUERELLADOS

BSM es la empresa municipal encargada del equipamiento. Está presidida por el concejal Eloi Badia. Por ello, la querella se dirige contra la alcaldesa, pero también contra Badia y en ella se incluye al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello (vicepresidente de BSM), y a Carmen Lanuza, directora de división del Anillo Olímpico y Fòrum.

El partido asegura que el consistorio había firmado un contrato con el partido para celebrar ese evento, por lo que la decisión posterior de denegar el espacio es “ilegal, arbitraria e injusta”. Fuentes municipales consultadas por este diario no despejan la incógnita de la firma del contrato y aseguran sólo que “a Vox se le dijo que para el día que querían el pabellón, estaba previsto que se hiciesen obras en él. Además, las solicitudes de recintos de BSM se basan en un procedimiento reglado, por lo que no es una decisión arbitraria ni se deja en manos de la discrecionalidad del político de turno”.

Pero fuentes del partido consultadas por este diario desmienten al consistorio y aseguran que ya habían firmado el contrato. “Cuando empezamos a difundir el acto, ya lo teníamos atado y disponíamos del compromiso jurídico. Un tema así, necesita una preparación exhaustiva y por eso lo pedimos con antelación. Cuando todo estuvo en orden, comenzamos la difusión en redes y contratamos los servicios de logística y de organización”.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Ahora, en la querella, el partido exige a Colau no sólo que devuelva el 50% del alquiler que ya ha cobrado, sino “los intereses y una indemnización por daños y perjuicios, por el daño moral y el daño a la imagen de la formación. Y los gastos de propaganda del acto, así como los servicios contratados que hemos abonado y firmado, deben ser imputados el Ayuntamiento”. Porque, aseguran, al tener todo en orden contrataron campañas de publicidad en redes e incurrieron en gastos de propaganda del mitin que ahora también reclamarán a la Administración local barcelonesa.

Las fuentes de Vox señalan que “todo fue bien hasta que comenzamos a difundir el mitin. En ese momento, comenzaron a escucharse voces de partidos contrarios que pedían que no nos cedieran las instalaciones y de ahí viene la resolución de Colau. Lo que ha habido aquí es una discriminación y una resolución arbitraria. Por eso, creemos que hay una causa jurídica y que se llegará a juicio”. El pleito está servido.

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