El veto a un guardia urbano a hablar en castellano enfada al constitucionalismo

La prohibición a un guardia urbano de que pudiera hablar en castellano en un proceso de selección interno del Ayuntamiento de Barcelona ha levantado ampollas entre los partidos constitucionalistas municipales. Ciutadans, Valents y PP han criticado el veto al cabo de la policía local.

El caso llegó a los tribunales. F.G.B. ganó un contencioso administrativo al Ayuntamiento, que le tendrá que repetir la prueba en castellano, y ahora ha sido admitida a trámite una querella contra una inspectora de la Guardia Urbana,  M.C. de L., y una psicóloga, N.S.M., que formaban parte del tribunal y sobre las que hay acusaciones de prevaricación, falsificación documental y delito como funcionario público.

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

En opinión de la presidenta de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Mariluz Guilarte, "la censura contra el bilingüismo y el acoso contra los catalanes que ejercemos nuestro derecho constitucional a expresarnos en castellano y la libertad de hacerlo no sería posible sin el PSC. Como hemos denunciado desde Ciutadans, los socialistas contribuyen a la exclusión y la negación de derechos a quienes no se someten al monolingüismo en una Barcelona que ante todo es diversa y plural, también lingüísticamente", ha valorado la edil naranja.

La líder de Cs en Barcelona, Luz Guilarte / EUROPA PRESS

Sobre el caso concreto, Guilarte opina que "tanto el PSC, al frente de la concejalía de Seguridad en Barcelona, como Colau, en su condición de alcaldesa, son responsables de garantizar al agente la igualdad de oportunidades en las pruebas que efectuó y no de discriminarlo como han hecho. Si hay sentencia condenatoria, pediremos que asuman las consecuencias de esta discriminación".

"MALA PRAXIS Y NEGLIGENCIA"

Otro partido que ha criticado el veto al castellano ha sido el PP. El concejal Óscar Ramírez ha reclamado que se respeten "los derechos lingüísticos en todas las pruebas de acceso u oposiciones, así como en cualquier ámbito que corresponda a la Administración y del día a día". Y exige que se repita la prueba al cabo en castellano después de ganar el contencioso administrativo en primera instancia. Fuentes municipales aseguran que el examen se repetirá, aunque no precisan cuándo.

Óscar Ramirez, concejal de Ayuntamiento de Barcelona por el PP / METRÓPOLI - LUIS MIGUEL AÑÓN

El edil popular pide a Ada Colau, Jaume Collboni y Albert Batlle que se depuren responsabilidades de esta "mala praxis" y "negligencia", y más cuando ahora se ha admitido a trámite la querella interpuesta por el cabo. En la querella hay indicios de unos delitos muy graves como son prevaricación, falsificación documental y delito como funcionario público. 

Desde las filas de Valents, su presidenta Eva Parera sostiene que "el nacionalismo y sus socios equidistantes (comunes y PSC) llevan años trabajando para eliminar el español de cualquier espacio público, ya sea en las administraciones o en las aulas. Que el domingo debamos salir a manifestarnos para pedir que se cumpla una sentencia judicial, demuestra la gravedad de la situación".

BARCELONA ES BILINGÜE

El caso del cabo de la Guardia Urbana "es una grave vulneración de derechos fundamentales por parte de la administración pública. Algunos no quieren admitir que Cataluña, y más Barcelona, es bilingüe y la administración también debe serlo. Por mucho que nieguen derechos, la realidad se impondrá. Esperemos que se resuelva cuanto antes la situación y el policía pueda realizar las pruebas pertinentes en el idioma que quiera".

Eva Parera, líder de Valents, durante la entrevista con Metrópoli / METRÓPOLI - LUIS MIGUEL AÑÓN

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CABO 

La querella ha sido interpuesta a través del despacho de José María Fuster-Fabra, que corrobora que las dos denunciadas tendrán que declarar como investigadas el 21 de noviembre de 2022. El abogado dice en el texto que al policía se le comunicó que "no era posible hacer la entrevista en castellano sin dar motivación alguna", lo que supuso una vulneración de los derechos fundamentales de F.G.B., argumenta Fuster-Fabra. El cabo expresó que, pese a dominar el catalán, su lengua materna era el castellano y se desenvolvía mejor con ella.

Metrópoli también ha tenido acceso al informe emitido por las dos personas contra las que ha querellado el cabo. En él, ambas subrayan que el equipo entrevistador se dirigió a todos los aspirantes en catalán para no hacer discriminaciones "pero que las respuestas podían ser tanto en castellano como en catalán". En el mismo documento, añaden, que F.G.B "pidió expresarse en castellano por elección propia" y a pesar de ello "mostró escasos recursos comunicativos". Según la querella, tanto M.C de L. y N.S.M. "faltaron a la verdad".

En el informe, que el letrado Fuster-Fabra aporta como prueba, las dos personas que formaban parte del tribunal expresan que "la decisión de No apto se tomó por las carencias a nivel competencial que demostró para ocupar el cargo de sargento. En ningún momento tuvo nada que ver con la que lengua en la que se expresó, que fue libremente escogida por él, como hicieron todas las personas aspirantes".

Un agente de la Guardia Urbana / GUARDIA URBANA

"VOLUNTAD DE ALTERAR LA VERDAD"

Así, Fuster-Fabra considera que las denunciadas pueden haber cometido un delito de falsedad documental, "que requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz algo que no lo es", otro de prevaricación, que se da cuando la autoridad o funcionario tiene "plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto". Y finalmente un delito contra las garantías constitucionales, y que consiste en la "clara voluntad de impedir el ejercicio de los derechos de los que se conoce pertenecen al sujeto pasivo que intenta actuarlos", expresó el abogado en el texto de la querella antes del verano.

En la querella, "además de la responsabilidad penal en la que han incurrido las querelladas", el abogado pide una indemnización para F.G.B. por "los daños y perjuicios que le han causado, que con independencia de la cantidad que pueda resultar del presente procedimiento, en este momento se calcula en la cantidad de 9.000 euros, que deberá incrementarse en un tercio para responder de intereses y costas", indica Fuster-Fabra.