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Una agente de la Guàrdia Urbana ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona ante Inspección de Trabajo por un presunto caso de "discriminación" laboral. A la policía, que se encuentra embarazada, se le ha denegado la baja por contingencias profesionales -que se aplica a trabajos con riesgo- a la que tiene derecho. El caso de esta policía contrasta con el de su pareja, bombera de profesión en el mismo consistorio y atendida por la misma mutua, que desde el momento en que vio que no podía desempeñar su trabajo recibió la baja tras acogerse a “la situación de embarazo por riesgo” con el sueldo íntegro.

La guardia urbana que ha denunciado al Ayuntamiento se encuentra ahora de baja por incapacidad temporal, “pero la legislación le otorga el derecho a acogerse a cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo. Se trata de una prestación por contingencias profesionales y no por enfermedad común”, indica la agente en el texto enviado el 2 de abril a Inspección de Trabajo y al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. El consistorio no se ha pronunciado sobre el caso, pese a la petición de este medio. 

La baja por enfermedad común comporta, para la persona que la coge, una pérdida económica y puede suponer en este caso no cobrar unos 3.800 euros -una paga de abril y cinco festivos al año-, según la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que apoya a la policía y ha presentado también una denuncia. Según el sindicato, "la Administración actúa de forma discriminatoria entre iguales" (entre la bombera y la policía) y reclama la urgente intervención de Inspección de Trabajo.

SUSTANCIAS NOCIVAS

En conversación con este medio, la policía, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que tras comunicar, el pasado 18 de febrero, a sus superiores que estaba embarazada fue retirada de las labores de patrullaje en la calle -por los riesgos que comportaba- y le fue otorgado un nuevo puesto de trabajo en la comisaría en la que estaba asignada.

El citado equipamiento policial se encuentra en reformas y la agente asegura que, a lo largo de la jornada, estaba expuesta a sustancias nocivas fruto de las obras. Uno de los días, los operarios pintaron la comisaría con material ignífugo y la guardia urbana tuvo que trabajar todo el día con la ventana abierta. “El resto de agentes también trabajan expuestos a las sustancias tóxicas y tampoco se hace nada”, añade el secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano.

El 25 de febrero, la agente decidió cogerse la baja por incapacidad temporal y solicitó a Mutua Universal -la empresa que ganó la licitación en el Ayuntamiento y gestiona los accidentes laborales y las bajas en el consistorio barcelonés- el pago de la prestación económica de riesgo durante el embarazo, es decir la baja por contingencias profesionales, aunque ésta le fue denegada “por ser posible el cambio de puesto de trabajo por otro compatible con el estado de embarazo”.

Tras la intervención de los servicios de riesgos laborales del Ayuntamiento, que determinaron que no podía trabajar en la citada comisaría, se la destinó temporalmente -hasta que terminara la remodelación- a otro cuartel, aunque la agente se ha negado a ir porque, en el cuerpo de la Guardia Urbana, solo se puede cambiar de centro de trabajo si es a petición del interesado “o de manera forzosa tras un expediente sancionador”, afirman la policía y Zambrano. La agente argumenta que no está enferma sino embarazada y reclama que se cumpla la ley y tener el mismo trato que su pareja.

INTERPRETACIÓN ARBITRARIA

En la denuncia se expone que la Administración local “ha hecho una interpretación arbitraria de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en casos de mujeres en estado de gestación, proponiendo y ejecutando un cambio de centro de trabajo por no poder garantizar la salud [de la agente], a lo que está obligada legalmente”. El sindicato apela a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la Ley 3/2007 de Igualdad y a distintos protocolos organizativos municipales, entre otros textos normativos.

En el texto se recuerda que la policía está de baja por enfermedad cuando la ley le otorga el derecho a acogerse a cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo, un término que no hay que confundir con un embarazo de riesgo. La reclamante solicita con urgencia la intervención de Inspección de Trabajo por una “clara vulneración de los derechos de los trabajadores”. Según el representante de CSIF, “los procedimientos organizativos no pueden ir en contra de lo que dice la ley” y reclama declarar nula la decisión tomada en el caso de la policía.

Zambrano, que en los próximos días pondrá el caso en manos del resto de grupos de la oposición, opina que la situación que ha vivido la policía va contra los principios de igualdad que transmite políticamente el gobierno de Ada Colau. Una de las concejalías que los comuns pusieron en marcha cuando llegaron a la alcaldía fue de Feminismos y LGTBI, que encabeza la regidora Laura Pérez. Desde CSIF se asegura que la regidora conoce el caso al igual que la propia Jefatura de la Guardia Urbana. "El propio consistorio está incumpliendo su propio plan de Justicia de Género para revertir este tipo de desigualdades".

REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

“Instamos al Ayuntamiento a que revise el caso de oficio y se facilite a esta persona la posibilidad de coger la baja por contingencias laborales, como su compañera bombera. La baja no tiene porque ser por incapacidad temporal. Si es así, la agente pierde una parte de la paga y se aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres”, afirma el sindicalista de CSIF, que también reclama al consistorio que revise los casos del resto de policías que hayan podido pasar por esta situación los últimos cinco años.

Ante la situación vivida y evitar tener que trabajar hasta la semana 37, las agentes acaban cogiendo la baja por incapacidad temporal. "El sueldo, entonces, lo paga el Ayuntamiento de Barcelona, es decir el contribuyente, en lugar de la mutua, como sería si la policía hubiera obtenido la baja por contingencias profesionales".