Trias se suma a la guerra sucia contra el ‘bloque del 155'

La guerra sucia llega al Ayuntamiento de Barcelona entrando por la puerta grande. A falta de altavoz mediático desde el Gobierno de la Generalitat, el grupo municipal del PDeCAT se ha convertido en la caja de resonancia del independentismo, llevando al pleno temas generalistas no estrictamente locales, empleando la misma táctica que el Govern en el Parlamento. La lectura de las iniciativas del PDeCAT, no obstante, va más allá y apunta a una campaña perfectamente planificada para alimentar al electorado independentista frente al que conocen como bloque del 155. La campaña electoral del 21-D ya ha empezado.

Sólo así se comprende que el grupo que encabeza Xavier Trias lleve al pleno municipal del próximo viernes una proposición en la que reclama al Gobierno español responsabilidades por las supuestas relaciones del imán de Ripoll, implicado en los atentados yihadistas del pasado mes de agosto, con agentes del CNI. Trias quiere que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría dé explicaciones  “para conocer todas y cada una de las circunstancias que envuelven la relación admitida por fuentes oficiales entre Abdelkadi Es Satty y el CNI”, dice la proposición.

Lo que afirma directamente el PDeCAT es que el imán, fallecido cuando preparaba el atentado, trabajaba con los servicios de inteligencia españoles y, por tanto, exige “las responsabilidades políticas pertinentes ante el escándalo y la incapacidad manifiesta del Gobierno español para evitar los atentados del día 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils”. Curiosamente, el último punto de la proposición señala que el pleno ha de reiterar “la labor realizada por el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, concretamente a sus máximos responsables, honorable consejero Joaquim Forn y el Major Josep Lluís Trapero”.

Los convergentes razonan que “diferentes informaciones periodísticas” y fuentes oficiales del CNI confirmaron que Es Satty fue confidente de los servicios de información españoles, pero también fue “el principal organizador, impulsor e ideólogo de los atentados”, por lo que piden explicaciones sobre el particular. Pero el evidente cariz propagandístico del escrito de los convergentes queda revelado en el último punto, donde pide el reconocimiento para el consejero encarcelado y el Major destituido. El portavoz convergente en el consistorio, Jaume Ciurana, justifica ese reconocimiento partiendo de la base de que se cumplen tres meses desde la desarticulación de la célula terrorista y de que tanto el consejero como el Major se encuentran en “una situación indigna, uno en prisión y otro en labores administrativas”. También ve “con perplejidad cómo se reconoce que el impulsor e ideólogo de los atentados fue un confidente de los servicios españoles”.

UNA OFENSIVA EN CADENA

Por si fuera poco, la nueva acusación subliminal de que el Gobierno español permitió los atentados, llega justo en el momento en que los independentistas acometen una ofensiva contra el Gobierno español con declaraciones gravísimas y sin ninguna prueba que las sustenta. Más bien al contrario, los intermediarios neutrales que han intervenido en el devenir político catalán los últimos meses lo niegan tajantemente.

La primera en lanzar la piedra fue la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmando que alguien había amenazado con muertos en las calles en caso de que se llevase a cabo una declaración unilateral de independencia (DUI). No aportó ninguna prueba, pero el mensaje estaba dado. El lehendakari Íñigo Urkullu, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, o el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, salieron al paso de esas acusaciones desmintiéndolas rotundamente.

Luego, fue la cupera Mireia Boya, asegurando que alguien había advertido a la CUP de que el Gobierno central podía hacer responsable a esta organización de algún atentado con muertos. Tampoco presentó ninguna prueba, aunque para consumo interno independentista estas afirmaciones sean un balón de oxígeno con el que alimentar el discurso del odio. Es más: fuentes de la organización anticapitalista consultadas por este diario se mostraron escépticas ante esa eventualidad.

Ahora es el grupo municipal convergente el que carga contra el Gobierno central insinuando que permitió los atentados terroristas del pasado mes de agosto, en una ofensiva que, cuanto menos, parece coordinada entre grupos ideológicos afines.

PUGNA ENTRE PP Y PDeCAT

El portavoz del PP en el Ayuntamiento barcelonés, Alberto Fernández Díaz, fue el primero en reaccionar ante “Trias pretende meter a los muertos en campaña. Su intención es mezquina, miserable, repugnante y merece la más absoluta reprobación y desprecio”, señaló el portavoz popular.

Jaume Ciurana, en cambio, señaló ayer que “ante el dolor y la consternación de los atentados, creemos que es preciso llegar hasta las últimas consecuencias. Se lo debemos a la memoria de las víctimas, a la ciudadanía. El Ayuntamiento no sólo tiene legitimidad moral para exigirlo, también tiene obligación en defensa del interés público”.