Palo judicial a Colau: anulan las sanciones contra un fondo que desalojó a unos okupas

Un juzgado de lo contencioso administrativo ha anulado una sanción de unos 70.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona puso contra la promotora de vivienda Vauras Investment por no ofrecer una alternativa de vivienda a un okupa en el barrio del Poble-sec. El hombre había entrado en el piso cuando esta empresa finlandesa realizaba unas obras de reforma después de comprar el edificio en 2017.  La sentencia, que el gobierno de Ada Colau puede recurrir, obliga al consistorio a pagar las costas del procedimiento que podrían ser de varios miles de euros.

La abogada del fondo, Maria José Tarancón, celebraba la decisión de la justicia, la primera que rechaza de plano las sanciones que la administración de Barcelona en Comú ha interpuesto amparándose en la Ley de derecho a la vivienda de la Generalitat. “Recurrimos las sanciones porque no son constitucionales, demostramos que los okupas no estaban en riesgo de exclusión social y que el piso no llevaba dos pisos vacíos. ¡En uno de los pisos okupados aun estaban las herramientas de los operarios!”, señala la letrada que recuerda que el Tribunal Constitucional ya declaró nulos los artículos en los que se basan las sanciones.

417.000 EUROS EN SANCIONES

Tarancón explica que, en realidad, el Ayuntamiento puso seis sanciones por cada piso desalojado, por lo que este varapalo judicial podría ser aun mayor si las otras cinco causas tienen el mismo desenlace que este procedimiento. En este procedimiento, el juez no ha entrado si el piso estaba vacío o si había riesgo de exclusión social y se centra, principalmente, en la inconstitucionalidad de la multa. El importe total de las sanciones asciende a 417.000 euros.

Consultado por Metrópoli el consistorio evita precisar si recurrirá la sentencia y se limita a decir que sancionó a Vauras Investment "bajo el amparo del Decret Llei 17/2019, entonces de pleno vigor, antes de ser suspendido por el Tribunal Constitucional".

UN DETECTIVE

La abogada recuerda que en su gabinete conocieron la existencia de las multas por unas declaraciones de la alcaldesa Ada Colau. “Nos enteramos antes de recibir la notificación”, comenta. La defensa del fondo contrató a un detective para comprobar la supuesta exclusión social del ocupante. Según publica este viernes El Debate, el hombre resultó ser un licenciado en psicología con un hermana médico y otra empresaria. Sus padres tenían una vivienda y un cortijo en Córdoba. “No nos fiábamos del Ayuntamiento”, subraya Tarancón para justificar el encargo del inspector.

PRIMERA SENTENCIA

Esta es la primera sentencia que se pronuncia sobre estas sanciones por no ofrecer una alternativa de vivienda, asegura la abogada. La batalla judicial por este bloque de viviendas ubicado en el número 38 de la calle Lleida ha repercutido en las arcas de este fondo extranjero. “La Constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, pero no le debe pagar la propiedad privada, sino el estado con el dinero con el que contribuimos”, concluye.