La tendencia al alza de las okupaciones en Barcelona se refleja en diversas estadísticas oficiales que muestran un fenómeno que se cronifica en el tiempo y, más recientemente, se intensifica en los últimos años. Desde 2015, los hechos conocidos por la policía no han dejado de crecer alcanzando un pico en 2019 con 5.101 usurpaciones en la provincia de Barcelona.

Los datos del Ministerio de Interior señalan un aumento de este delito de un 8,5% durante el primer semestre de 2020 comparado con el mismo periodo de tiempo del año pasado. En cifras, la provincia registró 2644 okupaciones, 208 más que las que se produjeron en 2.436 entre enero y junio de 2019.

DEBATE POLÍTICO

El aumento de apropiaciones preocupa a los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona que este martes presentan hasta tres puntos para abordar el tema en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadana, Participación y Seguridad y Prevención. Los partidos votarán diferentes propuestas de Ciutadans, Barcelona pel Canvi y el PP que reclaman más dureza contra los ocupantes ilegales de la ciudad.

Este verano se han producido 356 denuncias por okupaciones en Barcelona. Hace unos días, el regidor de Seguridad, Albert Batlle, se mostraba dispuesto a "hacer un análisis concreto" sobre las diferentes tipologías de este delito y apostaba por mejorar la legislación para abordar el problema.

CASI EL DOBLE DE OKUPACIONES

Si se observa la evolución de las denuncias de los últimos cinco años el fenómeno se ha casi duplicado. En 2015, Barcelona registró 2.977 ocupaciones, una cifra muy inferior a las 5.101 del año pasado. Barcelona concentró la inmensa mayoría de las 6.688 ocupaciones que tuvieron lugar en Cataluña. En 2016 y 2017 los hechos crecieron discretamente en la provincia disparándose en 2018 con un incremento de unas 700 apropiaciones en solo un año.

Ciutadans pide a los partidos políticos que declaren Barcelona "ciudad antiokupación" y que se dote de herramientas legales y de seguridad a los propietarios. El Partido Popular pide más medidas para "fortalecer" la seguridad en la ciudad para evitar los problemas de convivencia derivados de la okupación.

PROTOCOLO  

Barcelona pel Canvi es la formación que se explaya más en sus propuestas sobre el fenómeno. El partido de Manuel Valls propone la creación de un protocolo de actuación "urgente e inmediato" en caso de ocupación de una vivienda o un comercio.

Avisan de que el problema podría empeorar debido al cierre de establecimientos a causa de la pandemia y subrayan que la ocupación ilegal "nunca puede ser usada como un título de acceso a la posesión de una vivienda ni tiene cobertura en el derecho constitucional, un derecho que debe satisfacerse por otros medios como un parque de alquiler social".

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