El pasado 4 de julio, Yaleni Fuentes recibió el chivatazo. La UPOEG, una policía ciudadana del estado de Guerrero (México), iba a arrestarla. Una detención ilegal, según cuenta esta periodista de 29 años, que decidió esquivar por la violencia de estos arrestos que en ocasiones terminan en asesinatos. Tras huir de madrugada a Estado de México, en septiembre aterrizaba en Barcelona. En un piso de la ciudad, busca desconectar durante seis meses de la violencia y las amenazas.

"Intento dormir, aunque me cuesta", explica esta joven, que no se separa de sus pastillas para el insomnio. En México, ser reportero e informar sobre el narcotráfico y la corrupción de las fuerzas de autodefensa ciudadanas, a menudo te convierte en una diana en movimiento.

Fuentes no hace distinciones. "Ahora mismo, hablar de la UPOEG es hablar del narco", afirma tajante. Gracias a la Taula per Mèxic, que participa en el Programa de Acogida Temporal para Periodistas (PAT) del Ayuntamiento de Barcelona, también recibe ayuda psicológica.

ACTIVISMO PERIODÍSTICO

A esta mujer le gusta de definirse como activista. En 2014, empezó a informar, prácticamente sin cobrar, desde Diario Alternativo de las actividades de las policías comunitarias y grupos paramilitares en la región de Costa Chica. Antes de huir, investigaba las "torturas" en comisarias de estas fuerzas, surgidas en un inicio para combatir a los cárteles, pero que con el tiempo, dice Fuentes, se han pervertido. "Conozco bien los procesos de reeducación de la UPOEG. Se de personas torturadas para obligarte a firmar cosas que jamás hiciste. Me daba miedo ser una de ellas", afirma.

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Yaneli Fuentes, en el salón del piso, donde convive con Mayorga.

Con 100 muertos diarios y unos 3.000 al mes, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según la organización Article 19, entre 2012 y 2018 han sido asesinados 47 periodistas. A Fuentes, de nada le ha servido denunciar su caso ante la Fiscalía de delitos contra la libertad de expresión.

"Me amenazaron con mandarme al narco, pero cuando la Fiscalía acudió para tomarles declaración, dijeron que eran gente noble.  No puede actuar contra este grupo porque colaboran juntos. ¿Qué podemos hacer?", se lamenta.

LA NARCOPOLÍTICA

El exilio de Patricia Mayorga empezó el 6 de abril de 2017 después del asesinato de su amiga y compañera Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. "Compartíamos información y también amenazas", relata la periodista de Proceso, de 47 años, y madre de una hija de 19, que convive estos meses junto a Fuentes.

Tras marchar a Perú, donde continuó trabajando con un equipo pode investigación, decidió acogerse al programa de la Taula y venir a Barcelona. "Necesitaba tomar aire y recuperar fuerzas y seguir", explica.

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Mayorga intenta "desenchufarse" de la violencia en México desde Barcelona.

Cubriendo las historias de las víctimas de la violencia, descubrió las "causas de la impunidad de la corrupción y el entramado de la narcopolítica". Las amenazas fueron "sutiles". Lejos, dice, de la "adrenalina que supone el tener una pistola en la cabeza". "Hacían llegar los mensajes a través de conocidos de Miros intimidando a gente del entorno", cuenta.

ANTE LA AMENAZA, INFORMACIÓN

A pesar de la sangría de periodistas ejecutados (131 desde 2000), las balas del narcotráfico no han conseguido silenciar la violencia. "Paradójicamente, a raíz de los asesinatos de compañeros ha surgido una manada de medios libres, sin recursos ni redes de protección. A mi esto me impresiona, me hace sentir orgullosa".

Para responder a las extorsiones y las amenazas, la mejor arma de los periodistas, cuenta Mayorga, es la inversión, básicamente extranjera. "Nuestra principal protección es la inversión en periodismo independiente", reflexiona. La esperanza está en los nuevos periodistas de provincias como Fuentes que decidió prescindir de sus dos escoltas por temor a que les tirotearan.

CAMBIO DE GOBIERNO

La gestión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha traído grandes cambios para el día a día de los informadores. El mecanismo, la red de protección estatal para los reporteros –para Fuentes, ninguna garantía– apenas ha sufrido mejoras. Ahora, el riesgo financiero para el gremio es más preocupante debido a la dependencia de la publicidad oficial que ha provocado miles de despidos.

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Fuentes, posando para Metrópoli Abierta en su domicilio temporal.

Tampoco ayuda el mensaje que difunde el gobierno hacia el conjunto de los periodistas. "El mensaje del poder de que todos somos corruptos ha generado una oleada de insultos en las redes con la etiqueta prensasicaria. En un país, con un nivel de impunidad de los asesinatos de un 99%, esto es muy grave", denuncia Mayorga, ganadora del Premio Internacional a la Libertad de la Prensa 2017 que la actriz Meryl Streep le entregó en nombre de Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés).

UNA MISIÓN

"El narco se ha convertido en un brazo armado del Estado, de compañías mineras y energéticas", denuncia Mayorga. De la gestión de la era del partido Morena, valora positivamente el bloqueo de cuentas de presuntos narcos y exfuncionarios. "Hay que rastrear el dinero de los políticos y empresarios que han sido beneficiados por recursos públicos. Esto te lleva al narco", informa.

Cuesta entender, desde la acomodada y segura redacción de este medio, lo que lleva a Fuentes y a Mayorga a persistir sin tirar la toalla. "Sigo por la injusticia que he sufrido en carne propia y porque las personas a las que informo, en comunidades indígenas donde se pactan matrimonios con nueve años, necesitan estar informadas y conocer sus derechos", se justifica la primera. "Esto te marca, se ha convertido en una misión de vida. Me lo tatué cuando murió Miroslava", argumenta la segunda.

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