El expresidente de Angola Jose Eduardo Dos Santos, durante una rueda de prensa / WIKIPEDIA
El expresidente de Angola Jose Eduardo Dos Santos, durante una rueda de prensa / WIKIPEDIA

Un juez de Barcelona ordena la repatriación del cadáver del presidente de Angola

El magistrado no ve motivos para continuar reteniendo el cadáver del mandatario en España una vez concluida la autopsia

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Periodista

El juzgado de Instrucción 11 de Barcelona ha autorizado la repatriación del cadáver del expresidente de Angola, José Eduardo Dos Santos. El magistrado que ha llevado el caso ha observado que no quedan motivos, tras el análisis forense, que impidan que se tramite la petición de traslado internacional del cuerpo.

En el auto, el juez detalla que "obtenidos ya todos los informes médicos, que refutan que el cadáver ya no es necesario para la causa judicial, el juez de instrucción debe proceder a su entrega inmediata a los familiares para su entierro".

Y es que tras el fallecimiento del mandatario en el Hospital Teknon de Barcelona, la hija del expresidente, Tchizé Dos Santos, denunció a los Mossos d'Esquadra "un complot" desde el Gobierno de Angola para matar al presidente.

Argumentó que ese fue el motivo del empeoramiento de la salud repentino del mandatario y motivo de su hospitalización. Al final, no obstante, los informes forenses determinan que Dos Santos falleció debido a causas naturales.

MUESTRAS ALMACENADAS

El juez ha considerado que ya no quedan motivos para seguir reteniendo el cadáver ni para realizarle más análisis. No obstante, de ser necesario, las muestras obtenidas han sido debidamente almacenadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

José Eduardo dos Santos, expresidente de Angola entre 1979 y 2017
José Eduardo dos Santos, expresidente de Angola entre 1979 y 2017

Por ello, la incineración del cuerpo no supone un problema a la hora de, si fuera necesario, continuar con la investigación.

Por su parte, Tziché Dos Santos ha anunciado este miércoles que recurrirá la decisión, al asegurar que "la jurisdicción penal no es competente para conocer sobre el asunto y que debe ser la jurisdicción civil quien se pronuncie sobre ello".

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