El Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT), el mayoritario entre las policías locales de toda Catalunya, ha enviado una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para protestar por la falta de personal de la Guàrdia Urbana durante las vacaciones de Semana Santa. Según la misiva, fechada el 14 de abril y a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, los agentes de servicio “no dan abasto para evitar la venta ambulante ilegal” en la ciudad.

La afluencia masiva de turistas y ciudadanos ha disparado la llegada de vendedores ambulantes a las zonas más concurridas. Desde el SPPM-CAT comparten que el top manta debe combatirse con “una actuación transversal”, pero dudan del compromiso del consistorio porque en los dos últimos años no han visto “ningún trabajador social en la calle a pesar de haberlos buscado”. 

Por eso se preguntan si el mensaje de que la venta ambulante “es un problema social y no policial”, como aseguró el Gobierno municipal, “era real o demagogia”, añade la carta firmada por el presidente del la sección del SPPM-CAT en la Guàrdia Urbana. La sobrecarga de trabajo de los agentes ha creado “malestar” entre la plantilla, que espera una mejora de la seguridad sin que eso implique “empeorar” las condiciones de trabajo.

FALTA DE PERSONAL

El sindicato reconoce que las restricciones presupuestarias en materia de contratación pública impuestas por el Gobierno central son una limitación para la actuación del Ayuntamiento, pero recuerdan que mientras tanto “quien sufre la problemática de la llegada de vendedores ambulantes es la Guàrdia Urbana”, que no puede atender todos los requerimientos que les hacen llegar los comerciantes.

A pesar de que aumentar los efectivos “no es la solución” al 'top manta', el SPPM-CAT pide a Colau que se replantee la “restricción de los servicios de ampliación de jornada voluntarios” que afectan a la policía local. Esta situación, aseguran, “expone a los agentes a situaciones de riesgo producidas por la escasez de personal” independientemente de si las restricciones vienen directamente desde el Gobierno municipal o de la Prefectura de la Guàrdia Urbana.

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