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Mireia, una joven de 23 años, y su madre, Josefa, con una discapacidad del 66% y con dependencia severa, han denunciado que el próximo día 9 afrontan la orden judicial de desahucio por precario de su vivienda en el barrio de Sant Andreu de Barcelona.

PROCEDIMIENTO POR PRECARIO

Según ha informado la familia a través del Sindicato de Viviendas de Sant Andreu, la prima de Mireia, que es propietaria del 10% del piso, situado en el número 9 de la calle Comtessa de Pardo Bazán, ha interpuesto la demanda que ha dado lugar a la orden judicial.

El procedimiento por precario es aquel que inicia un propietario para recuperar un inmueble que está siendo usado por otra persona, a la que tiempo atrás se lo prestó de forma gratuita y que se niega a devolvérselo.

VULNERABILIDAD

Josefa, con una discapacidad del 66%, la incapacidad laboral absoluta reconocida, una dependencia severa y con una depresión grave, declara sentirse superada por esta situación, que le obliga a abandonar el hogar donde reside desde el nacimiento de su hija. La vulnerabilidad de ambas, según han explicado desde el sindicato, se ha agravado en el proceso de desahucio tanto por la salud mental de Josefa como por su hija Mireia, quien desde los 18 años ha afrontado sola la situación.

"La asistenta social nos dice que vayamos a otra comarca, pero cómo puedes pedirle a mi madre que se haga una hora y media de trayecto para ir al médico", ha explica Mireia.

PENSIÓN "INSUFICIENTE"

La pensión de la madre es el único ingreso con el que ambas cuentan, pero Mireia asegura que la cuantía es insuficiente para alquilar otra vivienda en la misma comarca: "la pensión de mi madre no llega a 1.000 euros y los alquileres no bajan de 800".

"No estamos pidiendo algo desorbitado, el derecho a la vivienda es fundamental, un sitio que si vuelves del trabajo llegues y tengas donde dormir, con comida, que te puedas sentir segura y asear", ha subrayado.

Como informa el Sindicato de Viviendas de Sant Andreu, al tratarse de un desahucio por precario, no pueden acogerse al Real Decreto 37/2020 de suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Ante esta situación, Mireia y Josefa esperan recibir el apoyo de los vecinos el próximo 9 de abril para paralizar el desahucio y así abrir una línea de negociación con la familia para acordar un alquiler social.

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