La calma tensa estalló en choques entre policías, ocupantes y activistas pocos minutos antes de las 12.00 horas en la calle Progrés de Badalona. A los policías, enfundados en sus trajes protectores y cascos, les bastaron tres minutos para desalojar a las pocas decenas de personas que defendían con sus cuerpos la nave okupada. Hubo empujones con los escudos, golpes de porra, gente rodando por el suelo, gritos y insultos. La mayoría encolerizaba contra los agentes. Algunos pocos, sin embargo, celebraban el desahucio.

Más de un centenar de personas vivían hasta esta mañana en este viejo almacén del barrio del Gorg. Son inmigrantes africanos, la mayoría del Senegal. Muchos de ellos vivían en la nave consumida por el trágico incendio del 9 de diciembre que quitó la vida a cuatro personas. Si un año atrás el fuego les expulsaba de su hogar, este jueves lo hacían cerca de 100 mossos d'esquadra que seguían las órdenes de dos jueces de Badalona. Pero para el alcalde Rubén Guijarro (PSC) las "condiciones infrahumanas" impiden definir el espacio como un hogar. Aplazar el desalojo, explicaba horas después, significaba alargar "estas condiciones de vida".

"NO HAN QUERIDO NEGOCIAR"

Los Mossos d'Esquadra estaban decididos a ejecutar el mandato judicial. Una docena de furgonetas repletas de agentes lo demostraba. La presencia de nueve vigilantes contratados por Sareb (conocido como el banco malo, responsable de gestionar activos inmobiliarios) reforzaba el mensaje de que no había vuelta atrás. Tras cinco años de diversas okupaciones y más aun abandonada, la gestora Altimira decidió expulsar a las personas que habitaban ilegalmente en su propiedad.

Uno de los okupas de la nave de Badalona levantando los brazos durante el desalojo / PABLO MIRANZO

Uno de los okupas de la nave de Badalona levantando los brazos durante el desalojo / PABLO MIRANZO

"La Sareb no ha querido negociar en ningún momento. Tampoco hemos podido hablar con la secretaria judicial", se quejaba minutos después del desalojo Sònia Olivella, abogada de este colectivo de personas inmigrantes. Una petición in extremis al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco surtió efecto. "No se ha tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas ni el hecho que no tenían alternativa habitacional", observaba la letrada de Baula Advocacia.

QUEJAS VECINALES

Dos grandes pancartas con mensajes similares colgadas de la puerta daban la bienvenida a los agentes. Los inquilinos pedían vivienda, papeles y trabajo. Un hombre de unos 30 años reivindicaba su esfuerzo por abrirse camino en la cuarta ciudad de Cataluña. "Yo he estudiado aquí. ¿Cuántos no tenemos ni papeles ni trabajo? Este idioma (el castellano) lo he estudiado aquí, no en Guinea. Catalán, castellano, lo que sea. Todo lo he estudiado aquí", repetía mientras se golpeaba la mochila a sus espaldas. Enfrente lo escuchaba la presidenta de la CUP- Guanyem en el Parlament, Dolors Sabater, mientras tecleaba su teléfono. También ella, en primera fila, intentó evitar el desalojo. Una actitud que le afeaba después Guijarro.

En un edificio de dos plantes colindante a la nave, tres vecinas reflejaban una opinión opuesta al que denunciaban activistas de entidades como Som Sant Roc, Papeles para Todxs o el Sindicat de Llogaters. "Ya era hora que quieres que te diga". Denuncian peleas, ruidos y unos pinchazos de luz que han provocado varios pequeños fuegos en un poste eléctrico. "Si hubieran tenido otro comportamiento pensaríamos de otra manera", insistían las residentes.

GUIJARRO, CONTRA LAS "LECTURAS SIMPLISTAS"

Después de una hora y media de "mediación" entre mossos y los ocupantes, según explicaba una portavoz del cuerpo, la policía desalojaba a la pequeña multitud congregada enfrente para dejar entrar a las secretarias judiciales. Era la segunda vez que los jueces fijaban una fecha para el desahucio después de pedir un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales.

Tras el desalojo, los ocupantes recogían algunos enseres que faltaban por sacar. Al joven de la mochila no le quedaba "energía" para hablar con los periodistas. Otro reprochaba a los agentes los golpes de porra una vez ya habían sido desalojados de la zona. Solo una decena de ellos aceptó la ayuda de los servicios sociales del consistorio. "Badalona ya ha tenido suficiente demagogia y suficiente circo mediático", enfatizaba el alcalde Guijarro, que rechazó las "lecturas simplistas" y pedía "reconstruir puentes que estaban rotos con otras instituciones" para resolver situaciones como estas.

AGRESIÓN A ALBIOL

Un último actor quiso hacer acto de presencia una hora después de finalizar el desahucio. Era el exalcalde del PP Xavier García Albiol que quiso mostrar su "felicidad" ante los periodistas por el final de un procedimiento judicial iniciado por su anterior gobierno en abril de 2020. "Estoy satisfecho porque los vecinos podrán vivir con tranquilidad", comentaba a pocos metros de varios de los inmigrantes delante de los micrófonos en medio de un gritos, silbidos e insultos. Dos puntapiés de una chica contra la pierna del líder de la oposición interrumpían la improvisada atención a los medios que seguía instantes después protegida por un cordón policial.

Mientras la calle se vaciaba, los ocupantes se quedaban con cara de circunstancias. Plantados en las aceras, dispersos junto a sus carritos y su hogar a cuestas, intentaban pensar donde pasar la noche.

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