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La fiscalía reclama hasta 14 años de cárcel para una red de narcotraficantes liderados por dos policías nacionales a quines acusa de distribuir droga desde la provincia de Barcelona en España y en otros países europeos.

Los investigadores han constatado que una de las vías de entrada de cocaína utilizada por la organización era el puerto de la capital catalana y a través de contenedores que viajaban desde Sudamérica. La trama contó, al menos en el 2015, con la colaboración de un empresario del sector para importar 200 kilos de este tipo de sustnacia ilegal desde Brasil.

VARIOS DELITOS COMETIDOS

Según informa El Periódico de Catalunya, el escrito de acusación de la Fiscalía de Barcelona atribuye diversos delitos, sobre todo tráfico de drogas, a un total de 32 personas, entre ellos dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se encuentran en prisión provisional.

Para ellos es para quien se reclama penas más altas, de 14 años para uno y 13 para el otro, más multas de 15 y 14 millones de euros. La mayoría de los miembros de la red se enfrentan a condenas que giran entre los 11 y los cuatro años de reclusión. Esta investigación la lleva el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona.

LOS AGENTES, LÍDERES DE UN ENTRAMADO

La fiscalía cree que entre diciembre del 2014 y septiembre del 2017, los dos agentes imputados y otros miembros de la organización se mostraron “dispuestos a obtener un elevado provecho económico”, conformaron un “entramado” cuyo objetivo era la “ilícita distribución de cocaína” desde la provincia de Barcelona. Una sustancia “de la que se aprovisionaban por diversas vías”, una de ellas a través de el puerto.

Una parte de la droga, concreta la acusación pública, procedía de Sudamérica, donde el grupo criminal contaba con terceras personas, cuya identidad no ha podido determinarse, con quien comunicaban “de manera continuada” para organizar la importación de varios cargamentos de cocaína.

IMPORTANTES BENEFICIOS

Su adquisición y transporte eran financiados algunos de los miembros de la red. En otras ocasiones, la droga era suministrada por distribuidos integrados en la misma trama que, posteriormente, era almacenada para venderla al por menor. Uno de los acusados, además y de forma puntual, se dedicaba al cultivo de marihuana.

La acusación pública subraya que los beneficios de esta actividad “reportaba importante ganancias económicas” en beneficio de los componentes de este “entramado”. Este dinero era revertido por alguno de los procesados en empresas, negocios y adquisición de bienes. La finalidad de estas operaciones era “dar apariencia lícita” a los “extraordinarios rendimientos” obtenidos por el tráfico de estupefacientes.

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