La creación de las Redes de Apoyo Mutuo en Barcelona este mes de marzo ha tenido consecuencias inesperadas: por un lado, la aparición de iniciativas del propio ayuntamiento intentando fomentar su labor pero a través de mecanismos del consistorio y, por otra, el aumento de denuncias y multas​ por vulnerar el estado de alarma, que impide salir del domicilio excepto en causas de fuerza mayor o debidamente justificadas. Así, la labor que realizan algunas de esas redes de apoyo se ha visto seriamente afectada por esa circunstancia. Así, desde las plataformas sociales se habla de guerra sucia del Ayuntamiento, de boicot y de suplantación para sacar réditos electorales de la labor que hacen los vecinos.

UNA RED DE APOYO MUY ACTIVA

La Xarxa de Suport Mutu de Sant Andreu es una de las más activas. Además, en su barrio se ubica la residencia Casa Asil, una de las más castigadas por el coronavirus: en sus dependencias fallecieron, al menos 31 ancianos. La plataforma de Sant Andreu fue una de las más activas para buscar apoyos ante la situación del asilo, desde refuerzos de personal hasta material de protección, cuando aún no habían saltado los alarmantes datos de muertos. También abrió cajas de resistencia para diferentes colectivos, un canal de ayuda a personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler, y dio apoyo material a un grupo de una veintena de vecinas que, por iniciativa propia, decidieron comenzar a fabricar mascarillas.

La Xarxa dividó el barrio en 13 grupos de WhatsApp para facilitar la comunicación entre gente cercana. Con ello, esperaban “detectar las necesidades de los vecinos, extender la solidaridad y la autoorganización y respetar las recomendaciones sanitarias para evitar contagios”.

RED PARALELA MUNICIPAL

Desde el Ayuntamiento, no obstante, se han potenciado otras redes paralelas para restar fuerza social a las no controladas por el propio consistorio. En Sant Andreu, precisamente, fue uno de los primeros lugares donde comenzó a fraguarse una Xarxa de Suport Mutu “que se suma a las diferentes iniciativas solidarias que se están poniendo en marcha en el distrito de Sant Andreu para dar apoyo emocional y de productos básicos a las personas que lo necesiten”, según reconoce el propio ayuntamiento en una nota del pasado 26 de marzo.

A través de la plataforma Decidim, el Ayuntamiento fomenta que “desde casa, cualquiera puede proponer una actividad, ya sea cultural, educativa o deportiva. O dar a conocer iniciativas comunitarias de apoyo mutuo y cuidados ante el Covid-19”. Propone, así, que todas las iniciativas pasen por el tamiz de esta plataforma municipal.

BOICOT Y SUPLANTACIÓN

Esta llamada a participar a través de las estructuras municipales despierta recelos entre las redes ya creadas, que ven en ello un intento de control y de boicot a su labor. “El Ayuntamiento de Barcelona pretende neutralizar estas muestras de solidaridad entre la gente mediante la cooptación de redes de apoyo. Quieren aprovecharse del éxito de la iniciativa espontánea de la gente que se ha organizado para ayudarse los unos a los otros, creando redes institucionales que plagian incluso el nombre de las redes de apoyo, con la diferencia de que desde que una persona solicita ayuda hasta que la recibe ha de pasar por tantos filtros institucionales que es posible que ya sea demasiado tarde cuando la reciba”, denuncian desde la Xarxa de Suport Mutu de Sant Andreu.

Así, acusa a la administración local de tejer una red clientelar de apoyo que no tiene en cuenta la asunción de la necesidad, sino que se ha construido “desde la intención de obtener un rédito político y electoralista. Y, además, esta iniciativa institucional comienza a perfilarse ahora, cuando ya hace tres semanas que la gente se encuentra en situación de máxima precariedad y vulnerabilidad”.

EL AGRAVANTE DE LAS MULTAS

La situación se ve agravada por las multas a los activistas. “¿Qué han hecho las diferentes administraciones para dar respuesta a la situación y cubrir las necesidades básicas? Nada. Tres semanas de confinamiento y, si no fuese por la gente y las redes de apoyo, muchos vecinos no tendrían ni comida no habrían recibido dinero para comprar medicamentos. Incluso muchos hospitales no tendrían material”, acusan.

Aseguran también que “se ha movilizado la gente más humilde, la gente consciente, la que menos tiene y, por eso mismo, sabe mejor que nadie la importancia de la red y del vecindario”. Así, la Xarxa de Sant Andreu denuncia: “Estamos recibiendo denuncias por ayudar a un vecino a llevar alimentos a las casas donde no tienen, por organizar cajas de resistencia y por repartir dinero como buenamente podemos o bien por hablar con comercios e invitarlos a que lleven comida por las redes”.

ACUSAN A LAS ADMINISTRACIONES DE HUMILLAR A LA POBLACIÓN

Los activistas de esta plataforma acusan a las administraciones de limitarse a “infantilizar, maltratar y humillar a la población, abusando de su poder, mediante las diferentes fuerzas policiales. Se ha militarizado la calle y se destinan recursos a los cuerpos policiales, en un momento en que la sanidad pública no tiene recursos para hacer frente a esta crisis, hecho que comporta poner en riesgo al personal sanitario y a la población”. Ante ello  reclaman, como mínimo, la “retirada inmediata de las multas impuestas a todas las personas de las Redes de Apoyo”. De ahí que haya comenzado a hacerse correr otro lema adaptado a los tiempos: “Ni persecución policial no cooptación institucional”.

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