La alcaldesa de las obsesiones se envainará su funeraria pública pese a maquinar hasta el final

El gobierno de Ada Colau se enfrenta a uno de sus más sonoros fracasos. El pleno extraordinario de este miércoles sobre la creación de una funeraria pública se saldará con otro varapalo por parte de los partidos de la oposición a la alcaldesa. Y será así pese a las maquinaciones de Colau por enredar la situación con inspecciones a Servicios Funerarios de Barcelona (SFB) a 48 horas de la celebración del pleno en un intento de presionar a los grupos municipales con supuestas irregularidades de la empresa -de la que el Ayuntamiento tiene el 15% y Mémora posee el 85% restante- en el proceso de facturación.   

Salvo sorpresa mayúscula, Ciutadans, PSC, PDeCAT y PP no aprobarán este miércoles la puesta en marcha de la empresa pública. Colau solo contará con el apoyo de la CUP y de los regidores no adscritos (Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé), 16 de los 41 regidores del pleno, una minoría con la que no va ningún lado. Si no cambia de opinión, ERC, el partido que a lo largo del mandato ha impedido el arranque de la funeraria con Alfred Bosch como jefe de filas, se abstendrá, confirmaron fuentes republicanas.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

El último y desesperado intento de Colau, escenificado por el regidor Eloi Badia, de convencer a los grupos de que voten afirmativamente ha sido unas inspecciones del Ayuntamiento a SFB, llevadas a cabo el pasado jueves y este lunes, a raíz de un caso supervisado por la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en el que se detectaron presuntas irregularidades en la factura emitida. La síndica se refirió la semana pasada a un caso, mientras que Badia ha dicho que son dos. Uno se detectó el pasado verano y el otro en diciembre. En la inspección inciada se ha reclamado a SFB las facturas de cuatro meses -unas 4.000 facturas- y el catálogo de precios para comprobar si se detectan irregularidades. También se ha iniciado una auditoria de la que esperan tener los resultados a finales de marzo. En cualquier caso, Badia no ha podido afirmar con total rotundidad que se hayan cometido irregularidades.

Fuentes de la Sindicatura han confirmado a Metrópoli Abierta la potestad inspectora del Ayuntamiento en materia de consumo, circunstancia que se niega desde Mémora y se asegura que corresponde excluvamente a la Generalitat. Este medio se ha puesto en contacto con distintos partidos de la oposición. Desde el PDeCAT han definido la situación vivida como "un escándalo" y en Ciutadans opinan que Colau "quiere salvar los proyectos fallidos en el último minuto y las cosas no se hacen así. Son unos maestros de la confusión intentando enredar para ver si convencen a otros y sacan adelante sus propuestas fracasadas".

La investigación de los técnicos municipales no afectará a la otra gran funeraria de la ciudad, Altima, de titularidad privada. Según Badia, ni la síndica ni el Ayuntamiento han recibido denuncias por presuntas irregularidades en la facturación. Tampoco se verá afectada la empresa Cementeris de Barcelona, de titularidad municipal, pese a que en la presentación del informe anual de quejas en el pleno del pasado viernes, la síndica criticó la falta de claridad de la facturación en algunos de los servicios de Cementiris. 

ACOSO AL PSC

La presión y la malas formas de Barcelona en Comú se han centrado las últimas semanas especialmente en el PSC, y el acoso ha durado hasta pocas antes de la celebración del pleno. "Este miércoles se vota la funeraria pública. El PSC tiene que decidir si está a favor de la gente o del monopolio privado", ha escrito Barcelona en Comú en twitter. En un vídeo colgado en las redes sociales, Colau también ha vuelto a poner el foco en los socialistas y ha acusado a Collboni de cambiar el sentido del voto respecto a otras ocasiones. Es cierto que ahora el PSC se opondrá. Pero no es menos cierto que ERC tampoco apoyará la puesta en marcha de la funeraria ni, por supuesto, el PDeCAT. En la grabación, la alcaldesa se olvida de mencionar que hasta en tres ocasiones -cuatro si se tiene en cuenta la del pasado viernes-, que los comuns han tenido que retirar el orden del día del pleno por la falta de apoyos a lo largo del mandato. Fuentes del PSC han confirmado que votarán en contra "sin pestañear".

PRECIOS ASEQUIBLES YA EXISTENTES

La razón que el gobierno municipal esgrime para crear la funeraria publica es el elevado precio de los entierros en Barcelona, que el Ayuntamiento sitúa en unos 6.000 euros. El consistorio asegura que el precio del servicio estándard de la operadora pública sería de 2.380 euros y la tarifa superior de 4.700 euros. Sin embargo, fuentes de la oposición recuerdan que sepelios que rondan los 2.000 o 2.100 euros, incluidas las tasas municipales, ya existen. Los tienen tanto SFB como la empresa Áltima. En SFB, por ejemplo, el servicio coral cuesta unos 1.800 euros más tasas. Otra cosa es que este precio apenas se publicite. El Ayuntamiento tiene el 15% de SFB y, perfectamente, podría informar de estos importes en su web, algo que no hace.

Los puntos que se someterán a votación en el pleno de este miércoles no presentan cambios de los que se aprobaron en comisión en diciembre de 2016. El gobierno plantea iniciar los trámites para que la empresa municipal Cementiris de Barcelona pueda operar como servicio funerario. El primer paso pasaría por ofrecer entierros low cost por unos 1.800 euros con un máximo de seis velatorios que se ampliarán a una veintena larga en tres o cuatro años.

El pleno también votará la venta del 15% de las participaciones que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la empresa publico-privada SFB, cuyo accionariado principal está en manos de Mémora, con el 85%. Si el pleno lo aprobara, el consistorio podrá desprenderse de su parte en SFB a través de una subasta pública. Si nadie compra la parte a un precio ya pactado, el 15% deberá ser adquirido por Mémora, admiten fuentes de la compañía. Badia ha alegado también motivos económicos para poner a la venta el 15% porque cada día que pasa las acciones pierden valor. En ambos puntos, la mayor parte de la oposición votará en contra y el proyecto quedará definitivamente enterrado este mandato.