Enginyeria Sense Fronteras (ESF), una entidad que recibe cuantiosas subvenciones públicas, se ha hecho con una beca Devreporter por valor de 20.000 euros. El asunto no tendría mayor importancia si no fuese por las implicaciones políticas que tiene y por la vinculación de altos cargos del Ayuntamiento con la beneficiaria de la beca. El cometido de este proyecto es realizar un trabajo que ponga en entredicho la tarea de la empresa Agbar. Así lo recoge la explicación del programa que realiza la propia entidad: “Este proyecto aborda la violación de los derechos ejecutados por las empresas transnacionales en todo el mundo a través de un caso particular: Aguas de Barcelona (Agbar) en México (…) Queremos mostrar las violaciones de la soberanía local y del derecho humano al agua y al saneamiento reconocidas por las Naciones Unidas”.

La investigación (periodística) será luego publicada en algunos medios de Cataluña y de Latinoamérica, según se recoge en las bases de la beca, con los que ya se tiene el compromiso de publicación. Y deberá estar finalizado en abril del año 2020. Este proyecto alcanza relevancia por el hecho de que hace pocos días la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibió un duro revés por parte del Tribunal Supremo, que le dio la razón a Agbar sobre la gestión de la empresa mixta de gestión del agua en la conurbación de la capital catalana.

MANIOBRA POLÍTICA EN TODA REGLA

Pero hay otra circunstancia que le hace relevante: desde ahora hasta el año 2025, un centenar de poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) finalizan sus concesiones en la gestión del agua y han de renovar las concesiones. Por tanto, la investigación de trabajos realizados por una empresa susceptible de presentarse a los concursos públicos despierta sospechas de maniobra política.

El dinero sale, en realidad, de LaFede, una plataforma que agrupa a un centenar de entidades muy vinculadas a movimientos internacionales, a los comunes y al independentismo. Desde el 2015 al 2018, el Ayuntamiento de Barcelona regó con 630.000 euros de subvenciones las arcas de LaFede. Además, en el año 2016, debido a tensiones en la tesorería de esta ONG, asumió el coste total de la beca Devreporter el propio Ayuntamiento barcelonés.

La plataforma también ha recibido cuantiosos fondos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que destinó de 2015 a 2017 un total de 300.000 euros de ayudas públicas a la misma. También la Comisión Europea le ha destinado fondos: el programa Frame Voice Report, que se desarrolla desde el 2017 al 2020 está dotado con un presupuesto de unos siete millones de euros, de los que LaFede gestiona 747.376 euros.

LA ONG AMIGA

Así, la beca ha ido a parar a ESF, una de las ONG’s amigas que pululan en el universo solidario barcelonés. Esta entidad no se queda atrás en ayudas públicas. En 2015, recibió de la ACCD 95.000 euros para el proyecto de “empoderamiento de la mujer campesina en la provincia de Inhambare para el liderazgo en la gestión del agua” y otros 35.000 euros para el “apoderamiento de las mujeres en la defensa del derecho a la vivienda y el acceso a los suministros básicos”. En el 2016, obtuvo 69.000 euros para el proyecto “Fortalecimiento del derecho a la seguridad de las mujeres defensoras del derecho humano al agua en la Cordillera del Bálsamo, Departamento de La Libertad, El Salvador” y otros 28.000 euros por el proyecto “Garantizando el acceso universal a los servicios básicos para contribuir a erradicar las desigualdades de género”.

En 2017, percibió de la Consejería de Treball 7.000 euros para el “apoyo de proyectos de fortalecimiento del asociacionismo” y en 2018 se llevó 44.000 euros más para “incentivar la contratación en prácticas de jóvenes beneficiados del programa de Garantía Juvenil de Cataluña”.

LA GENEROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO

No fueron los únicos fondos públicos: entre 2015 y 2018, recibió del Ayuntamiento de Barcelona casi 1.150.000 euros de ayudas públicas. Un pelotazo en toda regla. Se da la circunstancia de que esta ONG es la impulsora de otra llamada Aigua És Vida. Tanto una como otra contaron entre sus impulsores al concejal Eloi Badia, reconvertido en uno de los hombres de confianza de Colau en el consistorio. Para mayor escarnio, Badia fue uno de los responsables de ESF entre 2007 y 2015.

Pero, además, es uno de los artífices de la empresa pública Barcelona Energia, que quiere monopolizar la comercialización del agua metropolitana. Durante la pasada legislatura, redactó varios informes contra Aigües de Barceklona, la empresa mixta encargada del suministro del agua en la capital catalana y apoyó un plan de remunicipalización del agua que resultó fallido.

Este pequeño detalle acrecienta las sospechas de que existe una maniobra política interesada para atacar a Agbar. En las bases de la beca se especifica que el trabajo se centra en “la estrategia del grupo Agbar en las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado mexicano de Coahuila y la relaciona con la estrategia levada a cabo en el Área Metropolitana de Barcelona”.

Así, se trata de demostrar que, “a través de un complejo grupo de filiales, Agbar ha alcanzado acuerdos con empresas vinculadas a casos de corrupción en diversas partes de México y ha realizado cambios legislativos para controlar el suministro de agua. El proyecto también pretende mostrar experiencias de lucha colectiva y posibles alternativas a la gestión privada”.

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