Rebelión contra la tarifa plana del transporte

El área metropolitana de Barcelona está que arde contra Barcelona y el nuevo tributo que se quiere aplicar al cinturón industrial. Un total de 18 municipios han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que tengan que aportar casi 18 millones de euros al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ese coste, evidentemente, repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos en forma de subida del IBI. De hecho, en el punto de mira de los ciudadanos de los alrededores de Barcelona está la capital y su alcaldesa, Ada Colau, que es la institución con más peso dentro de la AMB.

La Plataforma No Tribut AMB se creó recientemente y su objetivo es protestar contra la aplicación por las bravas del tributo metropolitano. El 1 de diciembre se realizó la primera reunión de esta entidad, llamada a tener protagonismo en la nueva realidad de la conurbación barcelonesa. Su premisa es que el nuevo tributo es injusto y abusivo “porque toma como referencia el valor catastral de los inmuebles”. Desde el pasado 15 de noviembre, no obstante, ya tiene una página de Facebook con 808 miembros.

De momento, solamente en Cerdanyola, la plataforma supera ya las 12.000 firmas de apoyo, en una campaña que se ha extendido como el aceite por toda al área metropolitana. Este jueves, la plataforma ha convocado una asamblea de municipios en la sala de actos del Castell de Pallejà, donde se discutirán las líneas maestras de la estrategia de la entidad y cómo abordar las protestas contra el tributo. En esa cumbre estarán presentes las plataformas vecinales de las diferentes localidades.

UNA MANIOBRA POLÍTICA

Fuentes de diversos partidos del área metropolitana apuntan a que la implantación del nuevo tributo “es una maniobra política urdida por los comunes y los socialistas impuesta a los municipios de la zona y sin consultar a los ciudadanos, que son los que sufrirán sus efectos en forma de aumento de impuestos”. Pero algunas fuentes afirman que “no se trata de entrar o no en la zona 1 tarifaria, sino que se haga con conocimiento de todos y con transparencia. Lo que ha de haber es una fórmula justa y equitativa que determine el impuesto, ya que hay poblaciones con valor catastral más alto pero eso no quiere decir que todos sus vecinos hayan de pagar mucho más que otra población con ese valor más bajo”.

Este impuesto será obligatorio para todos los empadronados en los 36 municipios de la primera y la segunda corona metropolitanas que tengan vivienda en esta zona y con viviendas con valor catastral superior a los 45.389,47 euros. Este importe se eleva 72.033,78 euros en aquellos municipios que hicieron la revisión catastral durante el año 2012.

El tributo metropolitano va ligado a la tarifa plana del transporte, que significa la unificación de la tarifa en todos los municipios de la segunda corona tarifaria. Así, los viajes de la zona 1 a los demás términos municipales pasan a costar lo mismo que los desplazamientos dentro de una misma zona. Para sufragar el coste del transporte, se calculó un tributo basado en el valor catastral fijado por el Ministerio de Hacienda, que se multiplica por el tipo impositivo fijado por AMB.

SIN PAGAR DESDE 1992   

Según el Área Metropolitana, este impuesto está previsto en la ley en forma de un recargo cobre el IBI y sirva para “conseguir un territorio metropolitano más ordenado y vertebrado en materia de espacio público y de infraestructuras necesarias para la articulación de las desigualdades de la metrópoli de Barcelona”. Los 18 municipios de la segunda corona no lo pagaban hasta ahora, ya que sólo se cobraba desde 1992 a los 18 municipios de la primera corona metropolitana, que son los que formaban la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT).

La creación de la tarifa plana metropolitana, no obstante, “implica que todos los ciudadanos de la metrópolis tengan el mismo derecho a la movilidad y, por tanto, tengan las mismas obligaciones. Una de estas obligaciones es la contribución económica para financiar los servicios públicos”. La AMB explica también que con el tributo se contribuye “a la gestión y al mantenimiento de espacios naturales como la Sierra de Collserola, los ríos Besòs y Llobregat, los 30 kilómetros de playas metropolitanas y la red de 51 parques metropolitanos”. En materia de movilidad, asegura que hace posible “un transporte público de calidad y una movilidad más sostenible”.

LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

Los municipios afectados son Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Palma de Cervelló, El Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant CLiment de Llobregat, Sant cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat. Según las primeras estimaciones, entre todas estas poblaciones han de aportar más de 17,3 millones de euros. El peso más importante corresponde a Sant Cugat, a quien en un principio le habían adjudicado un canon de 6,1 millones de euros, pero que posteriormente quedó reducido a 4,2 millones de euros anuales. El próximo lunes, la plataforma se concentrará en el Ayuntamiento de Sant Cugat

Según el AMB, el tributo “favorece claramente a la mayoría de ciudadanos que utilizan con cierta frecuencia el transporte público porque pasa de tener dos zonas a una única zona tarifaria”. Además, pone números encima de la mesa: para el ciudadano que tuviese que comprar una T-10 semanal, el coste anual sería de 964,8 euros, mientras que con la nueva tarificación de una zona gastaría solamente 589,6 euros, con un ahorro del 49%. Si utilizase la T-Trimestre, el coste anual de 2 zonas sería de 786 euros, mientras que ahora pasará a pagar 582,20 euros, con un ahorro del 26%. Lo mismo ocurre con la T-Jove, cuyo coste pasaría de 568 euros a 420 euros anuales. Habrá que ver, en 2020, el coste repercutido que tendrá en sus bolsillos el aumento de impuestos paralelo que lleva la tarifa plana del transporte.