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Los peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33 quedarán sin servicio a partir de las 00.00 horas de este mismo miércoles, cuando terminan las concesiones de Acesa e Invicat, ambas empresas del grupo Abertis.

De este modo, la mayoría de kilómetros de autopista que eran de pago en Cataluña dejarán de serlo y solo habrá unos 120 kilómetros con peajes explícitos. Quedarán cuatro peajes en funcionamiento: el Túnel del Cadí, el tramo Sant Cugat-Manresa de la C-16, el tramo Castelldefels-El Vendrell de la C-32 y los Túneles de Vallvidrera.

Además, seis vías cuentan con "peajes a la sombra" (el Govern paga una cantidad fija por cada vehículo que pasa): la C-16 de Manresa a Berga, la C-14 de Reus a Alcover, la C-35 de Maçanet a Platja d'Aro, la C-17 de Vic a Ripoll, el Eix Transversal de Lleida a Girona y el Eix Diagonal de Manresa a Vilanova i la Geltrú.

Tanto la Generalitat (que tiene la titularidad de la C-32 norte y la C-33) como el Gobierno (titular de la AP-7 y la AP-2) han lanzado concursos para la gestión y el mantenimiento de las vías, aunque el Govern ya ha avisado de que este martes se aprobará una obra de emergencia para iniciar el desmontaje de las playas de peajes ya que el concurso ha sido recurrido.

DUDAS SOBRE EL FUTURO

Tanto Generalitat como Gobierno asumirán el coste de gestión y mantenimiento de las vías hasta 2024 (para cuando Gobierno y UE pactaron la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación de la red viaria). Sin embargo, se desconoce el modelo que prevé adoptar el Estado, y el Govern ya ha avisado de que no pondrá ninguna propuesta sobre la mesa hasta conocer las intenciones del Ejecutivo central.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, descartó este mismo lunes traspasar a la Generalitat la gestión de la AP-7 y la AP-2 en sus tramos de Cataluña, como reclamó recientemente el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró.

ACTIVISTAS CONTRA LOS PEAJES

La asociación AP7 Gratuïta Ja! –que este martes se convierte en Mai més!– avisa de que se opondrán a cualquier forma de pago de la red viaria.

El portavoz de la entidad, Llorenç Navarro, ha asegurado que la ciudadanía ya financia 26.000 kilómetros de carreteras con los impuestos y ha asegurado que "si no están bien gestionadas, el problema son los gestores". Ha subrayado que "las vías está liberadas y se pagan de los presupuestos" y ha reclamado que, textualmente, si alguien tiene una intención diferente, que no engañe a la gente. Además, ha desmentido que la UE reclame que sean vías de pago y ha retado a los que así lo afirman a que "aporten un documento que así lo acredite".

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