Los precios del transporte público en Barcelona se congelan en 2019.

Los precios del transporte público en Barcelona se congelan en 2019.

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Los precios del transporte público en Barcelona se congelan en 2019

La T-10, el título más utilizado por los barceloneses, seguirá costando 10,20 euros, y la T-50/30, 43,50

13 diciembre, 2018 14:34

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Las tarifas del transporte públlico para el 2019 no subirán. La Autoritat del Transporte Metropolitano (ATM) ha aprobado este jueves la congelación de los precios de todos los títulos de transporte para el próximo año. Así, junto a la T-10, la tarjeta más utilizada por los barceloneses, tampoco se incrementarán los importes de la 50/30 ni de los títulos de transporte personalizados, como la T-Mes o la T-Trimestre. Una de las principales novedades de 2019 es la integración tarifaria de la primera y segunda corona metropolitana, 36 municipios en total, lo que permitirá viajar por todas estas ciudades al mismo precio que ahora cuesta moverse por la capital catalana.

La T-10, como ya ha avanzado Metrópoli Abierta, seguirá costando 10,20 euros para los barceloneses, mientras que la tarjeta 50/30 se mantiene en los 43,50 euros. Los grandes beneficiarios de las tarifas para el próximo año son los ciudadanos de los 18 municipios de la segunda corona metropolitana. Para ellos, el precio no solamente no sube sino que baja. Con la llegada del nuevo año, los ciudadanos de Sant Cugat, Corbera o Cerdanyola, entre otras localidades pagarán lo mismo que los vecinos de Barcelona o Hospitalet por una T-10, es decir 10,20 euros. La integración tarifaria generará un déficit de unos 17 millones de euros.

Los importes del resto de títulos de transporte tampoco varían. El billete sencillo seguirá costando 2,20 euros si se utiliza en la primera corona metropolitana, que incluye la ciudad de Barcelona. La T-Mes se mantiene en 54 euros. El precio de la T-Trimestre ascenderá a 145,30 euros. La T-Jove, un título de transporte para jóvenes de máximo 25 años, costará el próximo año 105 euros. Y por una 70/30, que permite hacer 70 viajes en un mes, se pagará 60,90 euros en Barcelona ciudad.

COLAU, EN CONTRA DEL INCREMENTO

La ATM es un consorcio del que forman parte la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), aunque el Govern autonómico controla el 51% de las participaciones. Finalmente, la ATM ha decidido no subir los precios pese a la negativa de la Generalitat, la administración que más dinero aporta al transporte metropolitano y. La decisión de congelar las tarifas ha sido política. A cinco meses de las elecciones, la alcaldesa Ada Colau no se podía permitir un incremento de los precios y ha sido la principal defensora de no incrementar las tarifas. La Generalitat proponía una subida del 2,5%.

La decisión de no subir los precios comportará un aumento del déficit del transporte público metropolitano. Fuentes de la AMB calculan que será de unos 26 millones, a los que hay que sumar otros 17 millones por la integración tarifaria de la primera y segunda corona. El gran problema del transporte público metropolitano es la financiación. Históricamente, el transporte público es deficitario y se paga con las aportaciones del Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado y el Área Metropolitana de Barcelona, y los billetes de los ciudadanos. En total, las administraciones han aportado en 2018 unos 790 millones de euros. La Generalitat ha desembolsado 394,1 millones; el Ayuntamiento, 157,6; el Área Metropolitana de Barcelona, 129,7, y el Estado, 108,4 millones, según los datos facilitados por el consistorio barcelonés.

POSIBLES OTROS 40 MILLONES ADICIONALES

Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento de la capital catalana han hecho un llamamiento a los partidos catalanes a apoyar los presupuestos generales del Estado que el presidente Pedro Sánchez presentará en el Congreso de los Diputados. Las cuentas estatales prevén una aportación adicional de 40 millones de euros al transporte metropolitano de Barcelona que permitirían paliar el déficit de 2019 del transporte público. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio afirman que el problema de la financiación del transporte público es estructural y plantean que tiene que ser regulado por ley para disponer de un presupuesto fijo.