Indra se lleva un supercontrato de BCN pese a operar en paraísos fiscales

La multinacional Indra Sistemas, juntamente con ISC, será la encargada de realizar los servicios de mantenimiento y suministro de las instalaciones de regulación y control del tráfico en las rondas de Barcelona durante los dos próximos años. El contrato para este cometido se firmó el pasado 3 de noviembre, entre la teniente de alcalde y concejala de Movilidad, Laia Bonet, y Manuel López Villena, en representación de la unión temporal de empresas formada por las firmas citadas anteriormente, que llevaba la denominación de UTE Rondes Indra-ISC. El coste de estos dos años será de 3.099.422 euros. No obstante, existe una cláusula por la que se podría prorrogar por otros dos años la concesión, por lo que el próximo cuatrienio el consistorio barcelonés deberá desembolsar prácticamente 6,2 millones de euros por el control de esa vía circulatoria.

Con esta firma se pone fin a una etapa de provisionalidad que ya dura desde hace casi un año: a finales del 2020, los responsables municipales convocaron el nuevo concurso, puesto que a mediados del 2021 finalizaba la anterior concesión. En diciembre incluso se dio luz verde a un desembolso de 127.914 euros destinados a los servicios de mantenimiento, reparación y modificación de los equipos y sistemas de regulación de tráfico entre el 15 de diciembre de 2020 y el 3 de junio de 2021 en las rondas Litoral y de Dalt . Una vez finalizado ese periodo, entraría en vigor la nueva concesión.

UNA EMPRESA EN PARAÍSOS FISCALES

Sin embargo, dos meses más tarde el consistorio anuló el concurso. Conforme publicó Metrópoli, las causas fueron “la existencia de errores no subsanables en la preparación del contrato”. Fuentes municipales reconocieron a este diario que las causas del desistimiento del concurso fueron “errores de coherencia en la documentación de la licitación del contrato, como hablar de 15 días en lugar de 15 semanas para la implantación de mejoras tecnológicas”. Los fallos fueron detectados después de que las empresas pidiesen aclaraciones al consistorio. La licitación ascendía a 5.253.292 euros. En el nuevo concurso, se mantiene el mismo presupuesto de licitación, pero Indra pujó a la baja y rebajó considerablemente esa cifra. Su propuesta, no obstante, distaba menos de 5.000 euros de la que le seguía en importe económico y 220.000 euros de la más cara.

Radar de tramo en la ronda de Dalt de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En la tramitación del expediente, los responsables de Indra Sistemas presentaron una declaración manifestando que su empresa “ha suscrito acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia”, pero subrayaba que había “adoptado medidas correctivas”. De hecho, el nombre de esta compañía y de su expresidente, Javier Monzón, apareció asociado al Caso Púnica, que investigaba la financiación irregular del PP. En concreto, se acusaba a Monzón de ordenar pagos al PP madrileño. En marzo de este año, el juez Manuel García Castellón acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Indra, ante el enfado de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que era prematuro excluirla de la investigación.

NEGOCIOS EN BAHRAIN

Un acta municipal reconoce que la multinacional “aporta, como anexo, una declaración responsable de relaciones económicas con países considerados paraísos fiscales, donde los señores Manuel López Villena y Juan Antonio March, en calidad de representantes legales de Indra Sistemas SA declaran, bajo su responsabilidad, que la entidad que representan, o sus empresas filiales o las empresas interpuestas, no realizan operaciones financieras en paraísos fiscales consideradas delictivas (…) o fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos establecidos como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda pública. También declaran que Indra tiene relaciones con paraísos fiscales y presentan documentación descriptiva de los movimientos financieros y tota la información relativa a estas actuaciones (cuentas financieras Indra Bahrain Contultancy SPC)”.

Este requisito fue fundamental, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona tiene como norma no adjudicar contratos a empresas que operen desde paraísos fiscales. Pero en las transacciones internacionales es prácticamente obligatorio que las grandes compañías deban abrir cuentas en países con fiscalidades blandas. Deben, no obstante, comunicar todas sus operaciones y movimientos de dinero a las autoridades de Hacienda, con lo que evitan luego investigaciones por fraude. En este caso, Indra reconocía en su escrito ante el consistorio que “el hecho de falsear esta declaración comportará la imposición de penalizaciones e incluso la resolución del contrato que le pueda ser adjudicado”.

Retenciones en las rondas / EFE

UNOS SALARIOS DE ÓRDAGO

Por otro lado, no hay que olvidar que Indra es una multinacional que cuenta con más de 40.000 empleados en 50 países y tiene una facturación que supera los 2.000 millones de euros. Desde mayo de este año, el nuevo presidente de la compañía es Marc Murtra, que tendrá un sueldo de 550.000 euros anuales, una nimiedad si se comparan con los 2,5 millones de euros que ganan sus consejeros delegados, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz.

El contrato para el control de las rondas de Barcelona le supondrá mantener al día todos los subsistemas y estructuras que tienen estas vías (de estaciones remotas, de circuitos cerrados de televisión, de comunicaciones, de atención al usuario, de canalizaciones, de energía eléctrica, etc). En las bases del contrato se especifica que “la aceptación de todas las instalaciones actuales, independientemente del tipo, estado, calidad, etc, obliga a mantener los equipos y elementos utilizados, sin que puedan ser sustituidos por otros, excepto en los casos especificados en el pliego o cuando previamente haya sido autorizado por los servicios técnicos de la Administración”. De todos modos, se pueden modificar las prestaciones del contrato siempre y cuando no representen un incremento o una disminución equivalente al 20% del importe del contrato.