La T Movilidad, la tarjeta nonata del Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau, puede convertirse en la pesadilla del gobierno local a meses de las elecciones municipales. Una plataforma, formada por Pirates de Catalunya, Stop Pujades Transport, Críptica y el sindicato Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha recogido toda la documentación y principales hitos del periplo de una tarjeta ciudadana de transportes que ya debería haberse puesto en circulación hace dos años. Lejos de ello, puede tardar aún otros 3 años en ver la luz y, mientras tanto, el Ayuntamiento ha de pagar penalizaciones millonarias a la empresa adjudicataria y la plataforma denuncia violación de la privacidad ciudadana y falta de transparencia por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).

El proyecto preveía la puesta en marcha de la T Movilidad hace dos años. En realidad, el contrato fue licitado en 2014, con Xavier Trias como alcalde. Se presentaron al concurso dos grupos, uno de ellos retirado a última hora. Así, se hizo con el contrato el grupo formado por Caixabank, Indra, Fujitsu y Moventia.

En el 2017, se realizó una modificación del contrato para que fuese la ATM la que tuviese la exclusiva del uso comercial de la base de datos de los usuarios y no las empresas comercializadoras. Esta modificación supuso pagar a la adjudicataria un total de 24 millones de euros de penalización: 12 millones por las modificaciones y 12 millones más por los retrasos imputables a la Administración. En el 2018, llegan nuevos retrasos, esta vez por culpa de la plataforma adjudicataria, que ha tenido que pagar más de 100.000 euros de penalización a la ATM. Mientras, la Administración encargó en este ejercicio nuevos estudios e informes sobre la tarjeta que costaron más de 9 millones de euros. Debido a ello, la plataforma T Movilidad denuncia “la privatización y el sobrecoste de este proyecto” y reclama “una T Movilidad de propiedad y gestión públicas”.

RECELOS POR LAS ACTAS DE ATM

Fuentes de esta plataforma señalan a Metrópoli Abierta que “ya sabíamos que no sería fácil ponerla en marcha, ya que es una gestión enorme. Ahora, hablan de que saldrá en el 2021. Pero es el cuarto anuncio de fecha de salida”. Destacan también estas fuentes que Barcelona en Comú (BeC), el partido que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona, “ha estado hasta ahora apoyándola y justo cuando faltan unos meses para las municipales se desmarca y presenta propuestas para que rompan los controles”.

Los recelos de la plataforma de la T Movilidad vienen de un acta del 26 de abril de este año, que recoge que “se detectó que el contratista no está cumpliendo los plazos de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se cumplen las expectativas de que el sistema entre en funcionamiento en enero del 2019. Después de diversas reuniones, el adjudicatario ha reconocido retraso de los trabajos en ejecución”. Además, el pool adjudicatario proponía una estrategia de tres fases, de enero a julio del año que viene, para implementar la tarjeta universalmente.

No obstante, a la ATM le parece precipitado garantizar el 2019 como el definitivo, ya que las tres fases “ponen en riesgo la fiabilidad del sistema”. Así, aconsejaba “la conveniencia de minimizar los precipitados riesgos y fijar unos plazos que sean fiables. En todo caso, es evidente que el adjudicatario no está en condiciones de cumplir el calendario acordado y es preciso plantearse uno nuevo que sea viable, que minimice riesgos y que respete el año 2019 como el de la implantación de la T Movilidad”.

“PEDIMOS QUE SE ANULE EL CONCURSO”

En la reunión del comité ejecutivo de la ATM del pasado mes de junio, se volvió a insistir en que los retrasos se deben a la adjudicataria del servicio y que, por ello, no se garantizarán determinados ingresos. Debido a ello, se le pusieron multas al pool de empresas adjudicatarias por un total de 119.231 euros.

“Lo que pedimos es que, visto lo visto, se anule el contrato y se vuelva a realizar un concurso público. No puede ser que por culpa de las empresas adjudicatarias, que además se van a llevar un pastizal de millones de euros, no podamos disfrutar de un servicio público de primera necesidad”, advierten fuentes de la plataforma T Movilidad a este diario.

El contrato recogía que la adjudicataria del servicio se tenía que gastar 70 millones de euros en la infraestructura, pero a cambio tendría garantizados unos ingresos de 304,5 millones de euros durante 15 años. Estos ingresos se generarían cobrando 0,0193 euros por cada validación de viaje (hay unos 1.000 millones de validaciones al año, por lo que los ingresos serían de 19,3 millones) más un porcentaje de la venta de títulos. A ello habría que añadir ingresos por publicidad. En resumen, los ingresos anuales por la T Movilidad serían de unos 20,3 millones de euros al año. Toda una perita en dulce

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