La movilidad urbana cambiará de modelo tras la crisis sanitaria. Así lo indican los datos. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la ciudadanía prefiere cada vez más evitar el transporte público y apostar por opciones individualizadas como el coche o la moto. Este cambio de hábitos responde al temor a los medios de transporte colectivo, pero topa contra los problemas de muchos particulares para hacerse con un vehículo privado.

Esta situación abre una ventana de oportunidad para las empresas de préstamo de vehículos, que durante los últimos años se han instalado en las principales ciudades del país. En Barcelona, el consistorio repartió en junio 6.958 licencias de motosharing entre 12 compañías de forma alícuota, es decir, concediendo los mismos permisos a todos ellos. Pero la experiencia del Covid-19 obliga a replantear si esta cantidad resulta suficiente para satisfacer la creciente demanda por parte de los barceloneses.

ASFIXIADOS

Según informa este miércoles Crónica Global, el gobierno municipal optó por atomizar el servicio para permitir la entrada de startups en la entrega de licencias. Algunas compañías con experiencia en el sector, como eCooltra, denunciaron que este hecho dificultaba la gestión a muchos operadores, puesto que no sale rentable mantener flotas reducidas en la calle. Oriol Marimón, CEO de eCooltra, sigue respaldando esta tesis: "Tener menos motos no hace inviable este negocio, pero sí nos lo pone más difícil".

De hecho, una de las firmas que entraron en el reparto de autorizaciones, Scoot, renunció a sus licencias ante las trabas del ayuntamiento. La principal razón fue el pago de un impuesto anual de 71,50 euros por motocicleta desplegada en la calle. Este peaje fue recurrido ante la justicia por Smart Mobility, la asociación que agrupa a las principales marcas del motosharing. La patronal argumentó que la medida solo tenía un "afán recaudatorio" y era injusto ya que los vehículos no siempre estaban estacionados en la vía pública.

OPTIMISMO

Para el ejecutivo, eCooltra necesitaría "1.200 motos para garantizar una buena calidad del servicio" --actualmente, cuenta con 632--. Aunque Marimón no cifra el número total de licencias con que debería contar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), señala que "la demanda de uso desde 2016 no ha dejado de crecer".

Este incremento obedece tanto al cambio de mentalidad previo al Covid-19, como al revulsivo que la pandemia ha provocado en favor de la micromovilidad. "Nuestro sector está viviendo un momento optimista", aclara Marimón.

DIFERENCIAS CON LA MOVILIDAD TRADICIONAL

Otras empresas coinciden en los buenos augurios de eCooltra. Un portavoz de Acciona Motosharing explica que esta modalidad "responde a las necesidades de movilidad sostenible de nuestras ciudades por su contribución a la descongestión y su aporte a la reducción de emisiones contaminantes".

Desde Movo (propiedad de Cabify) añaden que "es un medio seguro para desplazarse de forma individual" que permita al conductor olvidarse tanto "de los problemas de apartamento como de la cuota del seguro, mantenimiento, taller... de todo lo que implica mantener un vehículo propio". Fuentes de Seat MÓ, la oferta de motosharing de la automovilística, llaman a aprovechar "este cambio de tendencia que ha traído la pandemia y que empieza a extenderse entre los ciudadanos".

EXIGEN MAYOR FLEXIBILIDAD

Ninguna de estas firmas se moja sobre la cantidad de motos en alquiler que deberían circular por Barcelona, aunque comparten el interés creciente del público. "Si hubiese opción de ampliar este número, estudiaríamos la oportunidad", se limitan a señalar en Movo. Por su parte, fuentes de la concejalía de movilidad dirigida por Rosa Alarcón (PSC) recuerdan que el consistorio se ha comprometido a alcanzar las 10.000 licencias este mismo año y que, excepto en el caso de Scoot, el resto de operadores han aceptado las condiciones de la licitación desplegando su flota en la urbe.

Sin embargo, la capital catalana ya ha perdido el tren tecnológico del carsharing. Esta alternativa no ha fructificado en la Ciudad Condal por la actitud contraria del consistorio, con lo que la mayoría de compañías que prestan este servicio se mudaron a Madrid, donde el ambiente institucional se ha mostrado más receptivo. Los empresarios del motosharing esperan que el ayuntamiento cumpla con su palabra y flexibilice la situación antes de que termine 2021.

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