Colau, haciendo cola para votar este jueves, dice que trabaja para congelar las tarifas del transporte público / JORDI SUBIRANA

Colau, haciendo cola para votar este jueves, dice que trabaja para congelar las tarifas del transporte público / JORDI SUBIRANA

Movilidad

Colau: "Se trabaja para congelar las tarifas del transporte público"

La alcaldesa reacciona a la información de Metrópoli Abierta sobre la intención de la ATM de subir el precio de la T-10

21 diciembre, 2017 18:44

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Ada Colau ha reaccionado este jueves a la información de Metrópoli Abierta sobre la intención de aumentar las tarifas del transporte público para el 2018, principalmente la T-10, el título más utilizado por los barceloneses. La alcadesa ha dicho que "se trabaja para congelar las tarifas". "La reunión será la próxima semana", ha añadido Colau. Una de las opciones para que se congelen los precios pasa porque el Ayuntamiento aumente su aportación.

El organismo que debe aprobar las nuevas tarifas del metro es la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Según ha confimardo la concejal de Movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, el consejo de administración se reunirá el 28 de diciembre. La ATM es un consorcio que forman la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como principales administraciones.

SUBIDA MEDIA DEL 2%

A falta de algo más de una semana para que se aprueben los nuevos precios, sobre la mesa hay dos opciones, y ambas plantean el aumento de la T-10. Una de ellas aboga por una subida generalizada de todos los títulos de transporte , con un incremento medio del 2%, explican fuentes cercanas a la ATM a Metrópoli Abierta. La T-10, utilizada por más del 60% de los barceloneses, se situaría por encima de los 10 euros --como máximo en los 10,15 euros--. También está previsto que aumente el billete sencillo (hasta los 2,30 euros), la T-50/30 (hasta los 45 euros) y la T-Mes (hasta los 55 euros).

Otra de las propuestas que se está estudiando pasa por castigar a los viajeros esporádicos y premiar la fidelización. Si acaba prosperando esta idea, podría subir el billete sencillo, la T-10 y la T-50/30, en unos términos parecidos al primer plan (algo más en el caso de la 50/30, unos 47 euros), y congelar o rebajar los abonos T-Mes, T-Trimestre o T-Jove. Se plantea reducir la T-Mes, utilizada por un 15% de los usuarios, hasta los 52 euros, y congelar la T-Trimestre y la T-Jove.

De hecho, en un documento municipal al que ha tenido acceso este diario se plantea, entre los objetivos para 2018 del transporte público de Barcelona, "fidelizar al usuario, facilitar el acceso a los abonos antes que a las tarjetas multiviajes, promover la T-Mes como abono y aumentar las aportaciones de los visitantes al sistema tarifario". En el mismo texto se dice que "la T-10 no fideliza al usuario y, por tanto, no permite aplicar tarifas de forma diferenciada, ni dar ventajas al viajero habitual".

El gran problema del transporte público metropolitano es la financiación. El transporte público es deficitario y se paga con las aportaciones del Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado y el Área Metropolitana de Barcelona, y los billetes de los ciudadanos. En total, las administraciones han aportado en 2017 unos 720 millones de euros. La Generalitat ha pagado 360,9 millones; el Ayuntamiento, 136,7 el Área Metropolitana de Barcelona, 114,4, y el Estado, 108,8 millones.

DESINVERSIÓN ESTATAL

Las administraciones catalanas han ido aumentando notablemente su cuota. Sin embargo, la constribución estatal apenas ha subido los últimos cuatro años --unos 14 millones, únicamente--, y tanto Generalitat como Ayuntamiento le han pedido al gobierno central que la aumente. Fuentes municipales han asegurado que la desinversión estatal viene de más atrás. "El Estado ha dejado de aportar unos 100 millones de media".

Si finalmente se consigue congelar las tarifas y que el ciudadano no tenga que desembolsar más dinero cuando compre el billete será porque alguna administración habrá aumentado su aportación. Sobre la mesa también está la posibilidad que el Estado desembolse unos 40 millones más. Así lo ha aprobado la comisión de Economía del Congreso de los Diputados a instancias del PdECAT