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El Ayuntamiento de Barcelona firmó el pasado 25 de febrero un contrato de asesoramiento con dos compañías de ingeniería para la asistencia técnica al departamento de Movilidad, que depende de la Dirección de Servicios de Infraestructuras del consistorio. El contrato fue firmado con la empresa madrileña de ingeniería TPF Getinsa y la catalana IM3 y costará al Ayuntamiento de Barcelona un total de 414.604 euros durante el próximo año. El contrato podría ser renovado por otro año más, por lo que el coste final superaría los 800.000 euros.

Getinsa está especializada en planificación del transporte y en estrategias de movilidad urbana y es una de las principales empresas españolas del sector. IM3, por su parte, es una multinacional especializada en movilidad eléctrica, mantenimiento de redes de energía y en la asistencia técnica a las redes de transporte público.

CONTROL TOTAL SOBRE CIRCULACIÓN

Ambas empresas tendrán como objetivo prioritario el mantenimiento y la reparación de las instalaciones y los sistemas de regulación del tráfico en la ciudad de Barcelona, controlando el Centro de Gestión de la Movilidad Urbana (CGMU). También se en cargarán de controlar los sistemas de visión artificial y del mantenimiento de los radares ubicados en todo el territorio municipal. En la medida en que llevarán la dirección facultativa de esos cometidos, entre sus responsabilidades figura también la comprobación de la correcta ejecución de todas las operaciones de mantenimiento correctivo incluidas en todos los contratos municipales, así como la verificación de que se están prestando los servicios incluidos en esos contratos.

Entre sus cometidos figura, por otra parte, supervisar la calidad de cada uno de los contratos, coordinar la actuación de los inventarios de equipamiento, proponer mensualmente la certificación de las obras de todos los contratos adjudicados, elaborar estadísticas y redactar informes mensuales sobre los trabajos contratados en esta materia por el consistorio.

En cuestiones de seguridad y salud, ambas empresas deberán coordinar todas las tareas en este campo de todos los contratos de servicios y comprobar que se siguen las normas sobre salud laboral en todas y cada una de las obras. Podrán proponer también modificaciones o mejoras en las condiciones de seguridad y salud.

DOS EQUIPOS BIEN PERTRECHADOS

Para realizar este trabajo, las dos adjudicatarias han de nombrar un equipo compuesto por un jefe y al menos tres personas. Todos han de tener, como mínimo, la titulación de grado en ingeniería o equivalente. El responsable del equipo, además, ha de tener una experiencia mínima de 4 años. Se ha de nombrar también un coordinador de seguridad y salud con una experiencia mínima de 4 años. Y otro equipo de como mínimo cuatro personas compuesto de auxiliares técnicos con dedicación exclusiva que también deberán tener, asimismo, una experiencia acumulada de 4 años.

A estos equipos deberán asignárseles una oficina técnica con servicio de delineación totalmente equipada para el trabajo de campo, teléfonos móviles para todos, 4 ordenadores portátiles con conexión a Internet y dos vehículos tipo turismo con distintivo ambiental azul. “La empresa adjudicataria, durante la vigencia del contrato y para la buena ejecución del mismo, podrá tener acceso a determinadas aplicaciones municipales, como el inventario gráfico municipal de instalaciones (actualmente INCA), o el sistema de gestión de incidencias de los contratos de mantenimiento (actualmente SIA y GIMAN) u otras que pueda implantar el Ayuntamiento como sustitución o complemento de las existentes”, explica el contrato.

SIN COMPETENCIA

Un informe interno de solvencia redactado por los técnicos municipales a mediados del pasado mes de febrero proponía la adjudicación del contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formalizada por IM3 y TPF Getinsa. En realidad, sin embargo, a la licitación no había concurrido ninguna empresa más. En ese documento se especifica que el volumen mínimo de negocio que habían de tener las empresas adjudicatarias debía de ser como mínimo de casi 1,4 millones de euros, cifra que pulverizan las dos compañías, que en el 2017 declararon una cifra anual de negocios de más de 62 millones de euros.

Para hacerse con el contrato, las dos ingenierías también presentaron abundante documentación que acreditaba su experiencia en la realización de trabajos similares en los últimos años. El Ayuntamiento exigía que en alguno de los últimos tres ejercicios debían acreditar dos contratos de mantenimiento de instalaciones de regulación de movilidad por importe superior a 100.000 euros y dos servicios de dirección facultativa de contratos de mantenimiento de sistemas de visión artificial o de equipos de cinemómetros y radares por importe superior a 30.000 euros. Las certificaciones presentadas por ambas firmas superaban holgadamente estos requisitos técnicos.

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