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Finalmente, el derrumbe de 144 nichos con 358 cadáveres en Montjuïc el pasado diciembre llegará a los tribunales. La querella contra el gobierno de Ada Colau y la empresa Cementiris de Barcelona, que dirige Jordi Valmaña, se presentará la última semana de junio, afirma el abogado Miguel Durán, que representa alrededor de unas 50 familias de afectados. El expresidente de la ONCE presentará la querella conjuntamente con otro letrado, Josep Maria Palacio.

La querella se está acabando de redactar y llegará a los juzgados coincidiendo con el inicio del verano. "Haremos una rueda de prensa con el texto elaborado", explica el letrado. Durán ve sumamente difícil alcanzar un acuerdo con el consistorio y evitar ir a los tribunales. "El Ayuntamiento insiste en querer poner una cifra y no es un tema de dinero. En el caso del derrumbe de Montjuïc se han producido perjuicios que han afectado a aspectos muy personales de las familias. Eso es lo que no entiende el Ayuntamiento", dice. La prioridad no es obtener una indemnización económica.

En opinión de Durán, el Ayuntamiento y Cementiris de Barcelona han incurrido en "una grave negligencia", han desinformado a las familias y han faltado al rigor en la identificación de los cadáveres. El abogado apunta que el Ayuntamiento no les está facilitando información, por ejemplo de los cuerpos que ya han sido identificados. "No tenemos datos fehacientes". A Durán, el interés del Ayuntamiento por tapar el derrumbe, le recuerda al caso del Yak-42, el accidente de un avión militar español con 75 personas a bordo. Además de la seguridad del avión, uno de las mayores polémicas se generó por los múltiples errores en la identificación de los cadáveres.

POSIBLES INDEMNIZACIONES

Juristas consultados por Metrópoli Abierta explican que la presentación de una querella implica que el caso se someterá a la jurisdicción penal por presunta comisión de un delito. De prosperar la querella y dictarse sentencia firme condenatoria, las penas a aplicar serán las propias del Código Penal: multas económicas, penas de privación de libertad o la inhabilitación si se trata de cargos públicos. La sentencia puede preveer indemnizaciones económicas a favor del querellante.

Según Durán, algunos de los errores cometidos por el Ayuntamiento y Cementiris de Barcelona fueron que no se tomó ninguna medida, los días previos al derrumbe, cuando se detectó una grieta, ni se avisó a los bomberos ni a muchas familias tras el hundimiento. Pero para el letrado una de las mayores equivocaciones fue dejar entrar, tras el siniestro, una retroexcavadora, que mezcló los restos humanos y otros escombros. A la postre, este hecho está dificultando enormemente el trabajo de los antropólogos para identificar a las personas fallecidas. 

De hecho, para Durán una de las prioridades tiene que ser identificar los cuerpos y que las personas fallecidas se repongan en un sitio adecuado. "Este lunes por la mañana he atendido un cliente que me ha explicado perfectamente que a él no le interesa el dinero. Lo que quiere, como otros muchos afectados, es una recomposición de los restos de sus familiares y que puedan descanzar en paz", dice el letrado. Durán cree que el Ayuntamiento se tiene que responsabilizar y garantizar que un accidente similar no vuelva a suceder.

TESTIMONIOS CRÍTICOS

En términos parecidos se expresó hace unos días una de las personas afectadas. En una entrevista con este medio, Cristina García Galante, dijo que "el Ayuntamiento ha actuado con poca humanidad, poca empatía y desvergüenza", afirmó Cristina. Ella tenía enterrados a su padre, abuelos y una tía en el bloque hundido, aunque su nicho fue uno de los pocos que no cayó. Nadie se lo dijo, le abrieron la sepultura sin permiso y trasladaron los cuerpos a otra lugar. En su caso, Cristina no busca una indemnización económica sino que se haga justicia y que alguien asuma culpabilidades.

Otra de las personas afectadas es Eva Mañoso, que tenía a nueve familiares en el nicho hundido. Eva opina que les han empujado a presentar una querella. "Tras casi nueve meses no nos han dado ninguna otra solución. El comportamiento que ha tenido el Ayuntamiento ha sido nefasto", subraya Eva, a quien tampoco le preocupa una indemnización económica. "Nunca hemos hablado de dinero". A ella, como a Cristina, le hicieron las pruebas de ADN hará cosa de un mes y está a la espera de los resultados. Por ahora, tiene identificados a tres personas y media de las nueve que tenía enterradas. "Nos aseguran que el resto están localizados, pero nosotros no sabemos dónde están", dice.

Según Eva, la mayoría de identificaciones que se han hecho hasta la fecha han sido por objetos personales, como pulseras, que llevaban las personas fallecidas. El abogado cree que será complicado que muchas de las personas se puedan identificar porque los restos se mezclaron tras el accidente con otros escombros, en parte, por la autorización que entrara una retroexcavadora en la zona 0. Con la presentación de la querella penal, el hundimiento de Montjuïc entra en nueva fase. La justicia dictará sentencia.

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