Ada Colau no da marcha atrás. La alcaldesa de Barcelona se opone a retirar los bloques de hormigón instalados en diversas calles del Eixample y que constituyen un grave peligro para los motoristas y otros vehículos de dos ruedas. Así lo considera el colectivo motard, que ha impulsado una recogida de firmas para su retirada, así como diversos partidos de la oposición. 

En el pleno de este viernes, Colau ha tumbado un ruego de Junts per Catalunya (JxCAT) que pedía la retirada inmediata de estos bloques de hormigón. La concejal de JxCAT Francina Vila ha alertado de que estos bloques son "un riesgo evidente" para los motoristas y ha censurado la "pasividad ante la crítica" de Colau y su "irresponsabilidad" por no aceptar la petición.

La regidora ha destacado que están de acuerdo en ganar en espacio para el peatón, pero no con estos separadores. Propone sustituirlos por elementos "suaves y ergonómicos" que amortigüen un posible golpe. La alcaldesa, sin embargo, ha hecho oídos sordos a la crítica. 

VÍA JUDICIAL

Según la primera edil, "hace mucho tiempo" que "los elementos de hormigón" "se ponen en esta ciudad precisamente para proteger a los peatones". Colau ha aseverado que "es necesario un elemento físico para evitar la invasión indiscriminada de vehículos" en estas zonas ahora destinadas a los peatones.

No obstante, la guerra contra los bloques de hormigón de las calles Girona, Consell de Cent y Rocafort no acaba aquí. Francina Vila ha dicho que su grupo "llegará hasta el final", e incluso recurrirán a la vía judicial para que se quiten estos elementos porque les preocupa la "seguridad" de los barceloneses. Por su parte, el PP también ha exigido la retirada de los bloques de hormigón.

Por otra parte, el pleno sí ha aprobado una proposición del PP en la que se insta al gobierno municipal a sentarse en "una mesa de diálogo" con los colectivos afectados por los cambios en la movilidad de la ciudad. La propuesta ha recibido los votos favorables de todos los partidos de la oposición y la abstención de BComú y PSC porque el gobierno defiende que ya mantiene vías de comunicación con los afectados.. 

 

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