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Jordi Martí (Barcelona,1971), portavoz de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, es una de las voces de su partido más críticas con el Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni. El concejal siempre está atento a las grandes problemáticas de la ciudad y a las quejas de los vecinos. Durante este mandato, detecta grandes deficiencias en materia de movilidad y seguridad, dos puntos flojos del Gobierno municipal. 

En la siguiente entrevista con Metrópoli Abierta, Martí denuncia el dogmatismo de la alcaldesa y el papel secundario del PSC en la actual crisis económica y sanitaria de la capital catalana. El regidor independentista asegura que Colau tiene una doble moralidad con las grandes empresas y cuestiona la tibieza de ERC, el principal partido de la oposición. Cree que los republicanos se preparan para un tripartito con comunes y socialistas en la Generalitat, un pacto que afecta directamente a la gobernabilidad de Barcelona. 

- Pregunta: La okupación ha generado un gran debate mediático este verano. ¿Cree que en Barcelona existe permisividad con la okupación por parte del Gobierno municipal?

- Respuesta: Sí, es una evidencia. En el gobierno municipal mandan los comunes y el PSC va a remolque. Algunas problemáticas no son nuevas. Si retrocedemos al anterior gobierno, exclusivamente de los comunes, vemos que era absolutamente condescendiente con el fenómeno de la okupación. No es ninguna sorpresa ni un secreto que miembros del gobierno, empezando por la alcaldesa Colau y ex concejales como Gala Pin, vienen del movimiento okupa y otros movimientos sociales. Hay una cierta complicidad con este fenómeno. Hay otros problemas que nos impiden luchar con eficacia contra esta pandemia de las okupaciones delictivas perpetradas por mafiosos o delincuentes.  

¿El discurso de Colau genera un efecto llamada?

En general sí, pero no solo por las okupaciones. Barcelona se ha convertido en una ciudad en la que se puede hacer casi de todo. Teníamos organizaciones de alrededor del mundo que se dedicaban a todas las disciplinas delictivas. Una de estas actividades son las okupaciones.

ERC se alinea con los postulados de Colau y se muestra muy ambigua en sus críticas a las okupaciones. ¿Le sorprende?

Me sorprende, sí. ERC es un partido con muchos años de vida, que ha pasado por todas las vicisitudes. En la política municipal, ERC ha estado más próxima a los postulados de los comunes y los socialistas que de otros grupos de la oposición. Es un error. Todos, o casi todos, estamos de acuerdo en que hay distintas tipologías de okupación. Coincidimos con ERC en que hay ocupaciones sociales, en las que el Ayuntamiento de Barcelona no está dando una respuesta, y luego están las okupaciones delincuenciales. En estos casos, ERC no está siendo suficientemente clara. No tiene la voluntad de llegar a acuerdos más amplios.

¿Esperaba el papel que está jugando ERC como principal fuerza de la oposición, con muchas complicidades con el Gobierno municipal?

Nos ha sorprendido porque la forma de lograr la alcaldía de Colau fue legítima pero absolutamente contraria a los intereses de ERC. Los republicanos se alinean en muchos casos con las políticas de los comunes y del PSC. Entendemos que cada partido es libre de decidir su estrategia, pero su persistencia en las colaboraciones puntuales y globales hacen pensar que hay algo más que una simple coincidencia. Más allá incluso que en temas de ciudad. Debe haber alguna cosa más que los une. Si elevas la mirada acabas con la conclusión de que son socios.

¿Da por hecho que ERC, comunes y PSC pactarán en el futuro Gobierno de la Generalitat en caso de sumar mayoría?

Cada casa es un mundo y en ERC no todos opinan igual. No hay unanimidad estratégica entre los republicanos por hacer un tripartido en Cataluña pero hay unos antecedentes. Puede haber un tercer tripartito, pero otra cosa es que no les interese decirlo. Por los precedentes y por los acuerdos y ententes que vemos, lo veo posible.

Jordi Martí, regidor y portavoz de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona / MA
Jordi Martí, concejal y portavoz de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona / MA

ERC, con Alfred Bosch, tenía otra manera de hacer oposición que Ernest Maragall, mucho más conciliador. ¿Esta estrategia puede castigar a los republicanos en unas futuras elecciones? ¿Su política municipal molesta a algunos afiliados de ERC?

Intento ser respetuoso con los partidos y las personas. Me cuesta interpretar qué pasa con los militantes de ERC. Maragall supone un cambio respecto al liderazgo de Alfred Bosch, pero Maragall no es futuro. Es importante para un líder o un partido plantear cuestiones en el día a día, pero también ver las perspectivas de futuro que tiene el liderazgo y el partido. Según qué apuestas hagan, igual no les va bien.

¿Ha faltado diálogo en las políticas de movilidad de Barcelona?

Somos muy críticos con las políticas de movilidad de los últimos meses en Barcelona. Con la excusa de la pandemia, el gobierno de comunes y socialistas han hecho una política de hechos consumados. Han aplicado una serie de medidas que no nos gustan y que son criticadas por muchas personas y colectivos, como la Plataforma per la Mobilitat Lliure. Hay mucho sectores descontentos. Han aprovechado la pandemia para tomar decisiones urgentes que, de hecho, son las que hubieran deseado tomar hasta finales de su mandato. Han tomado medidas sin diálogo. Ahora, ante las presiones políticas, sociales y mediáticas que están recibiendo por las pinturas absurdas, los bloques de hormigón peligrosísimos, las reducciones de carriles inapropiadas y, en algunos casos, con ampliaciones de terrazas terribles desde el punto de vista de la seguridad y la estética, ahora parece que están dispuestos a negociar algunas mejoras y replantearse las medidas.

Los bloques de hormigón ya se están judicializando.

Se trata de una iniciativa privada y la fiscalía ya está interviniendo. En Junts per Catalunya queremos iniciar la vía política, y ahora estamos con la vía administrativa a través de informes y expedientes. Si no se nos facilita el acceso a los expedientes, iniciaríamos la vía judicial con la adopción de medidas cautelares. Como grupo municipal no podemos ir a los juzgados de entrada, pero si no nos dejan otra alternativa, lo haremos.

¿Cree que acabarán retirando los bloques de hormigón?

Tengo mis dudas porque son muy prepotentes. Si no les obligan de manera ejecutiva, no creo que rectifiquen. Modificarán algunas medidas, porque lo tienen que hacer, pero los bloques de hormigón y otros planteamientos reduccionistas del espacio para el vehículo privado y el transporte público les costará.

¿Qué pasará con la movilidad en Barcelona cuando se recupere la normalidad? 

Éste es el gran problema. Ya estamos entrando en una cierta normalidad escolar y docente, con un uso del transporte público y privado superior al de hace 15 días, y el tráfico irá más. A medida que se normalice la situación, y no hace falta ser ingeniero ni experto en movilidad, tendremos problemas muy graves de movilidad y congestión, sobre todo en las calles en los que la circulación se ha reducido a un carril. Luego tenemos un problema de seguridad con los bloques de hormigón. Ya ha habido un accidente. Con la superilla del Poblenou también podemos ver que las aglomeraciones de las calles próximas incrementan los factores de riesgo producidos por la contaminación y la polución.

Jaume Collboni y Ada Colau, en un acto en el Ayuntamiento / EUROPA PRESS
Jaume Collboni y Ada Colau, en una reunión del gobierno municipal con empresarios / EFE

Los sectores económicos de Barcelona son muy críticos con la gestión de Colau, sobre todo durante la pandemia. ¿Por qué Colau nunca ha empatizado con las grandes empresas? ¿Qué consecuencias conlleva su discurso antiempresarial?

Recordemos que Colau viene del pacto de las escaleras. De la PAH, del Observatori DESC, de movimientos favorables a la okupación de viviendas, y acaba siendo alcaldesa. No olvidemos que, recientemente, el Fórum de Davos, que no es un movimiento social alternativo, sino que engloba a empresas de primer nivel, le ha dado un premio a la innovación social. No tengo claro que sea una persona que esté en las antípodas del mundo empresarial. Las empresas del señor Florentino Pérez, de manera absolutamente legal, son contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Lo mismo pasa con muchas multinacionales, algunas con sedes en paraísos fiscales, cosa que va contra el código ético de los comunes y del Ayuntamiento de Barcelona. La evolución que ha hecho la señora Colau es curiosa. Formalmente va contra las grandes empresas, pero coloca una pista de aterrizaje a la gran empresa en el Ayuntamiento de Barcelona.

Pero ella se ha significado mucho por motivos ideológicos, por ejemplo, en contra de Agbar.

Cierto. Es verdad. Se trata de una empresa mixta que se encarga de la gestión y suministro del agua en Barcelona. Si esta empresa no hace lo que quiere ella, entonces entra en guerra o colisión. En algunos aspectos es anti-empresa, porque viene de donde viene y tiene unas hipotecas, pero ha hecho una evolución que no está mal. En 2015 dijo que no trabajaría más con Movistar si era alcaldesa porque era una explotación, subcontratas, bla, bla, bla. En 2020, ¿el Ayuntamiento de Barcelona no trabaja con Movistar u otras operadoras? Hay mucha hipocresía. Hay una imagen, una fachada populista y demagoga, pero la realidad del día a día no es tan clara y hace cosas que no le corresponden a una alcaldesa que es súper de izquierdas.

El turismo, el comercio y la restauración son los sectores más afectados por el coronavirus. ¿Por dónde pasa la recuperación económica de Barcelona?

Barcelona necesita un gobierno municipal que lidere sin complejos la ayuda, el apoyo y el acompañamiento a los sectores económicos que sufren más. Esto quiere decir que debe abandonar las hipotecas ideológicas durante un tiempo y ser empática con las empresas que pagan los impuestos que abonan los sueldos de los concejales. Barcelona necesita iniciativa política, liderazgo y recursos. En el Gobierno municipal hay personas que no han trabajado en su vida en una empresa y les cuesta mucho entender cómo funciona el mundo real. El Ayuntamiento debe gastar, bonificar y ayudar, no posponer el pago de los impuestos, sino inyectar dinero en vena a los sectores más productivos y a los más afectados por la pandemia. De momento solo vemos planes de promoción y propaganda.

¿Collboni salvó el pacto de las terrazas?

En el acuerdo de las terrazas, reconocido por el mismo Gremi de Restauració, hubo una confluencia de compromisos plurales. Collboni fue uno de los actores, pero otros hemos abandonado guerras y protagonismos para apoyar a los sectores económicos de la ciudad y facilitar el Pacto de Barcelona, que no deja de ser un brindis al sol con una serie de compromisos plurales. El Gremi de Restauració, y es algo público, no siempre ha aplaudido al señor Collboni.

¿El protagonismo de Collboni ha quedado diluido en el Gobierno municipal?

El PSC, desde el inicio de este mandato, es un partido gregario de Barcelona en Comú. Se esperaba que tenga una mayor influencia en el gobierno para modificar posturas de los comunes, pero habitualmente no se le ve. Las políticas del Gobierno municipal son las políticas que marca Barcelona en Comú. Collboni es cómplice y socio solidario de todas las políticas de la señora Colau. En las comisiones plenarias muchas veces pedimos la opinión del PSC y no se pronuncia. Deja pasar el turno. Hay un seguidismo que lamentamos. Debería tener más protagonismo para reconducir algunas decisiones de los comunes que son negativas para la ciudad. 

Jordi Martí fuera de las instalaciones de Metrópoli Abierta / MA
Jordi Martí, concejal y portavoz de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona / MA

¿Pedirán que se ejecuten las obras de Can Vies aprobadas en un pleno municipal?

El tema de Can Vies es muy complicado y viene de lejos. Yo podría explicar muchas cosas porque fui concejal de Sants-Montjuïc con el alcalde Xavier Trias. Viví y sufrí, más sufrí que viví, la crisis de Can Vies. Con Colau en la alcaldía no se ha hecho nada. Hay una aceptación del status-quo y el gobierno municipal acepta que estos colectivos hagan lo que quieran. El debate político sobre el futuro de Can Vies no está abierto. Es impensable que no se haga nada y que un espacio de titularidad municipal sea okupado de por vida por unos colectivos sin ningún título. La solución pasa por un pacto social y político. Esto lo hemos aprendido. Hay conflictos que se deben tratar con mucho diálogo y consenso social, territorial y político. Si viene alguien con mucha testosterona, mi consejo es que la aparten y hagan política.

¿Con Trias se pecó de este exceso de testosterona?

Es evidente que las cosas no se hicieron bien. Nadie actuó perfectamente en esta crisis y el gobierno municipal tuvo su responsabilidad. Nuestra actuación fue de ejecución de una sentencia presentada por una demanda que venía del gobierno de socialistas e Iniciativa. Nos tocó la sentencia y tuvimos que ejecutarla. Hicimos autocrítica y ahora hemos de mirar al futuro: aprender de la experiencia y actuar de la mejor manera posible. Tiene que haber un acuerdo fruto de un proceso de diálogo y de consenso territorial, social, vecinal y político. 

¿Usted fue amenazado por los okupas?

Yo sufrí acoso, persecución, amenazas y agresiones por parte de personas. Personas vinculadas al movimiento okupa de Can Vies. No puedo individualizar en nadie. Estuve mucho tiempo con escolta policial.

Los barceloneses pagan dos impuestos sobre el tratamiento y la recogida de residuos en la factura del agua. Ustedes votaron en contra pero la iniciativa salió adelante. Ahora el Gobierno rectifica. ¿Cree que se acabará suprimiendo? 

Nosotros ya hemos expresado nuestra postura contraria a esta nueva tasa. No porque no se tenga que aplicar alguna figura impositiva por la recogida y el tratamiento selectivo de residuos, sino por la naturaleza de esa tasa. Las cosas se han hecho mal. Es una tasa que no incentiva la recogida selectiva, una tasa que no premia a quien hace las cosas bien, una tasa que es recaudatoria y que se hace en base al consumo de agua. Estamos en contra de hacer un churro. Esta tasa es un chapuza desde el punto de vista filosófico, económico y de su aplicación práctica. Pedimos la retirada.

¿Cómo valora el papel de Albert Batlle como responsable de seguridad? ¿Se ha mejorado respecto al mandato pasado?  

Albert Batlle recibió nuestro apoyo y colaboración cuando fue nombrado responsable de seguridad porque veníamos de un drama, del peor mandato de la historia en la gestión de la seguridad y la prevención, al margen del cinismo y otros conceptos. Teníamos que cambiar radicalmente las políticas de prevención y seguridad. Batlle tiene, teóricamente, un perfil favorable para ejecutar este cambio. En los primeros meses se notó un cambio de actitud del Gobierno municipal porque se hacía lo que decía Batlle y su equipo. En esos meses, los comunes callaron. Y está muy bien que callen en este tema porque no saben. Apoyamos a Batlle y apoyamos a la Guardida Urbana, porque es la principal herramienta que tiene el Ayuntamiento para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Apoyamos políticamente a la Guardia Urbana porque venían de estar a los pies de los caballos durante el primer mandato de Colau. Pero hay muchas más cosas y las expectativas iniciales se han ido desfigurando. Al final, la política son resultados. 

¿La figura de Batlle ha sido engullida por Colau?

En un año ha tenido tiempo de reordenar, planificar y ejecutar. En estos momentos, valoramos su interés, su experiencia y sus ganas de hacer cosas, pero no vemos resultados. Los resultados no son satisfactorios. Y hablamos de okupaciones, incivismo generalizado, botellones descontrolados, delincuencia, violencia. Deben poner las multas que toquen pero sin priorizar la sanción como única arma para reconducir algunas conductas. Le seguimos dando apoyo pero las cosas no van bien. Estamos a tiempo de reconducirlo pero la figura de Batlle no es suficiente. Los cambios han de ser eficaces. Ellos también mandan en Madrid. Hay dos nuevas promociones de la Guardia Urbana pero se han jubilado o prejubilado tantos agentes que el beneficio es casi nulo. Tenemos 3.000 agentes de la Guardia Urbana y necesitaríamos casi 4.000. Hace un año que Batlle habla con el secretario de Estado de Seguridad, pero faltan resultados.

¿Cuál cree que es la opinión de los barceloneses sobre la actual gestión del gobierno municipal? 

La principal preocupación de los barceloneses, según las encuestas de victimización y el Barómetro municipal, es la seguridad, con muchos puntos de diferencia sobre la vivienda y la actual crisis económica, el paro y los ERTEs que no se pagan. Existe un peligro de explosión social en los próximos meses en Barcelona, en Cataluña y en el Estado. Los gobernantes no han de gestionar el día a día, pero tienen que anticiparse a los problemas. Los políticos tienen que planificar, proyectarse y anticiparse a lo que pasará. Las consecuencias de la pandemia son claras. No sabemos hacia dónde quieren llevar Barcelona en los próximos meses. No hay liderazgo. El PSC está missing y la señora Colau se dedica a hacer propaganda y autobombo todo el día y hay concejales del gobierno que no encuentran soluciones.

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